La investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2011 y 2012, en la que veía irregularidades en las gratificaciones y productividad de la plantilla del Concello de Cangas ya tuvo sus primeras consecuencias. El alcalde Xosé Manuel Pazos mantuvo varias reuniones con la junta de personal y comité de empresa y decidió iniciar un proceso para la contratación de una auditoría de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que regule ésta y otras situaciones anómalas que se producen en el Concello. La intención es que sea una universidad la que realice este trabajo y el alcalde ya se puso en contacto con las de Santiago, Vigo y A Coruña. Lo más probable es que se saque a concurso entre ellas.

No hay que olvidar que las irregularidades de las gratificaciones y pagos de productividad a la plantilla se siguen produciendo, ya que el gobierno no varió, de momento, la fórmula que siempre se aplicó, de manera distinta a lo que establece la ley. En cuanto al complemento de productividad, el Tribunal de Cuentas afirma que debe estar destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con el que el funcionario desempeña su trabajo. Respecto a las gratificaciones, señala que en ningún caso podrán ser fijas en cuantía ni periódicas en su devengo, sino que tendrán que responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.

Xosé Manuel Pazos afirma que esta auditoría era algo que reclamaban los propios trabajadores desde hace años y que servirá para aclarar esta situación descubierta por el Tribunal de Cuentas y buscar alternativas legales. Esta situación anómala no sucede solo en Cangas, sino que se da también en otros 22 concellos de Galicia.

La auditoría serviría también para reorganizar todo el organigrama de trabajo del Concello, aclarar la situación de algunos trabajadores en segunda actividad y otros incluso en tercera. También se quiere prestar atención a la carga de trabajo, ya que en estos momentos es notorio que hay unos departamentos que tienen más carga de trabajo que otros y el número de empleados municipales adscritos difiere notablemente, dificultando las tareas y el servicio público.

El regidor local quiere dejar claro, tal y como ya lo explicó en la reunión que mantuvo con los sindicatos, que todo ello se hará sin menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores y, por supuesto, sin emprender ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Xosé Manuel Pazos afirma que no hay razón alguna para que el personal se intranquilice por la auditoría, porque lo que se pretende es hacer un concello mucho más eficaz, donde los empleados públicos se encuentren satisfechos con su labor y también los administrados.

La Universidad de Santiago de Compostela realizó para el Concello de Bueu un trabajo similar al que se pretende realizar ahora en Cangas.