Los expedientes extrajudiciales de crédito a los que el gobierno de Félix Juncal (BNG) es tan aficionado volvieron a centrar las críticas de la oposición municipal y pusieron al descubierto una factura por un importe de 400 euros por la castración de gatos. Así lo desvela el concejal socialista José Manuel Vilas, que en un comunicado menciona que se gastaron 400 euros en la castración de una gata.

El alcalde Félix Juncal, por su parte, asegura que no se castró a un gato solo, sino a varios felinos, que merodeaban en el entorno de la Plaza Massó y en los alrededores de la Casa del Mar. También señala que se optó por esta medida antes quer la de su sacrificio o incineración y que se tomó por una cuestión de salubridad, ya que podían ser portadores de plagas. El regidor afirma que fueron vecinos quienes pidieron al Concello que tomara medidas para controlar esta población de gatos silvestres. Apunta que el precio fue de entre 60 y 70 euros cada uno.

Por lo que respecta estrictamente al reconocimiento extrajudicial de crédito, el PP considera que el regidor abusa de una "mala praxis" al utilizar reconocimientos extrajudiciales de crédito continuados. Mientras, para el PSOE, esta fórmula de hacer frente a facturas no reconocidas es un ejemplo de autoritarismo. La portavoz del PP, Berta Pérez, recuerda que en lo que va de año ya se realizaron numerosos reconocimientos judiciales; la última vez por un importe de 700.000 euros. "Claramente vuelve a demostrar con sus hechos que los gastos realizados fueron mayores que los planificados y como consecuencia de esa mala gestión y falta absoluta de previsión, ahora el Ayuntamiento de Bueu tendrá que hacer frente a este nuevo gasto porque Félix Juncal, otra vez, 'se olvidó' de incluir dentro de los presupuestos del año pasado".

Pérez califica la maniobra del regidor nacionalista como de maquillaje electoralista. El PP pregunta si toda esas facturas aprobadas cuenta con el informe favorable de intervención. Berta Pérez responsabiliza al gobierno de incumplir claramente el principio de sostenibilidad financiera y de incumplir con la Ley de Morosidad de pagos a proveedores. Recuerda, además, que la mencionada cuantía supone el 11% de presupuesto.

Por su parte, José Manuel Vilas, recuerda que entre las facturas reconocidas figuraban las de telefonía, electricidad, suministro de material y combustible, que se pueden entender como de normal funcionamiento de un Concello, "por lo tanto son gastos más que previsibles, que por la comparativa de años anteriores, debería preverse en el presupuesto".