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Hacienda acepta financiar un millón de euros a Cangas para pagar sentencias judiciales firmes

El Concello debe abonar 830.917 euros a Promalar por el convenio de Aldán y 150.234 a Acciona por recibos de depuración atrasados -El crédito se formalizará a través del ICO

Cartel de Promalar en terrenos de Herbello, en la parroquia canguesa de Aldán. // Gonzalo Núñez

El Concello de Cangas contará con un millón de euros del Ministerio de Hacienda para financiar tres sentencias judiciales firmes a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El departamento que dirige, en funciones, Cristóbal Montoro pone a disposición municipal un total de 997.947 euros para que pueda hacer frente al fallo judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a pagar 830.917 euros a la empresa Promalar por los incumplimientos del convenio para construir en los montes de Aldán y 150.234 euros a la mercantil Acciona por recibos atrasados de saneamiento del municipio. También se incluyen en esa cuantía global 16.795 euros por los intereses acumulados de unas obras en Vilariño que no se pagaron a la empresa en su día, aunque en este caso el Concello ya ha saldado la deuda con otros recursos.

El Ayuntamiento solicitó el acceso al compartimento del denominado Fondo de Impulso Económico para obtener liquidez ante las necesidades financieras derivadas de dichos procedimientos judiciales. A mediados del octubre, tras una auditoría externa, los representantes del gobierno tripartito denunciaron publicamente que el Concello estaba al borde de la "asfixia económica" al no disponer de fondos suficientes para pagar las sentencias. En ese momento tenía disponibles 675.032 euros, cantidad insuficiente incluso para hacer frente a sus obligaciones judiciales. Inició entonces una batalla institucional para buscar financiación, en la que ha encontrado escollos técnicos, pero finalmente se ha resuelto de forma favorable: "Aceptar la financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de la Entidad Local", reza la resolución.

Aún así, dicha financiación estatal "solo se admitirá respecto de sentencias que hayan adquirido firmeza antes de formalizar el préstamo con el Instituto de Crédito Oficial", comunican al alcalde, Xosé Manuel Pazos, desde la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Aunque el plazo de amortización no se aclara en este escrito, desde la Administración municipal entienden que se pagará en diez años, como sucede habitualmente en estos casos, pues el deudor tiene otras obligaciones económicas contraídas y carece de recursos para devolverlo en un período más corto.

La deuda con Promalar es, con mucho, la más importante. El Concello está obligado a pagar 830.917 euros a la promotora con la que firmó un convenio para una gran urbanización en la costa y los montes de la parroquia de Aldán que permitiría construir entre 5.000 y 7.000 viviendas, según cálculos de la época, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Le sigue en esta lista la empresa Acciona, que fue la anterior concesionaria del servicio de depuración de aguas residuales del municipio, reclamó recibos atrasados y ganó el pleito al Concello. Además, el ayuntamiento tiene que desembolsar otra partida de 16.795 euros a la empresa Oresa por unas obras de saneamiento que no se pagaron en su día, aunque ya se han liquidado, a día de hoy, según fuentes municipales. Estas tres sentencias son definitivas y al Concello no le queda más remedio que hacerles frente. Por eso ha tenido que recurrir a dicho crédito, tramitado por el concejal de Facenda, Mariano Abalo, ante el Ministerio de Hacienda.

Con esta operación, que irá a Pleno el próximo jueves y de la que ayer se informó a los portavoces de todos los grupos políticos, se cubren los gastos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias pendientes de pago y que sean firmes a lo largo de 2016. Para proceder a estas cancelaciones del crédito, el Concello deberá comunicar trimestralmente al ICO los importes mensuales de los vencimientos por los que ha solicitado la financiación, según figura en el compromiso de adhesión al Fondo de Impulso Económico fijado por el Ministerio de Hacienda.

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