Tan solo uno de los cuatro proyectos de grandes hoteles que se comenzaron a tramitar en el anterior mandato tiene visos de convertirse en realidad. El resto no fueron frenados por la crisis, pero sí por las trabas burocráticas, la Ley de Costas y la Xunta de Galicia. Los buques insignias de un proyecto que pretendía cambiar la imagen de Cangas que permitiera subir dos peldaños de golpe en la oferta turística de calidad se resiste y tampoco es porque la oposición rechazara tirar del carro. Las grandes promesas con las que llegan las empresas de creación de puestos de trabajo directos e indirectos no allanan en camino.

El complejo rural de Donón tiene licencia municipal y está muy avanzado. Es fruto del esfuerzo de un patrón de pesca, que se empeñó en este proyecto al que dedica sus ahorros y sus vacaciones. Se sitúa en las inmediaciones del Monte O Facho y está previsto que las instalaciones puedan abrirse al público en 2018.

El hotel de cuatro estrellas Ameixide, que pretende construir la empresa Vaqueiro Gestión está paralizado, a pesar de que ser el primero en iniciar los trámites y en obtener licencia. La propiedad decidió paralizar el proyecto porque concibe el hotel, incluyendo el pantalán y el talaso como un todo. De momento tiene licencia para el hotel y para el talaso, pero la del pantalán o pequeño puerto deportivo no la consigue ni por parte de la Xunta de Galicia ni tampoco por parte del Estado.

También está parada la construcción de un hotel de cinco estrellas en las inmediaciones de la playa de Castiñeiras. Se trata de un proyecto de la empresa Aqua Aldán con el empresario granitero David Fernández. La propiedad consiguió licencia para el proyecto del talaso, pero no siguió adelante. Fracasó el proyecto de un hotel de lujo en Coiro, el hotel Augusta, promovido por una empresa Propiedades Rodríguez Méndez. Se concibió como un hotel temático del vino, pero se encontró muy pronto con problemas en la Xunta. Parte de la ampliación se realizaba en Suelo Rústico, lo que dificultó los trámites y desanimó a los inversores. No obstante, la Xunta, que fue la primera en poner trabas, aseguró en su momento que eran subsanables.