El colectivo vislumbra el final del conflicto por sus propiedades

Vecinos de Beluso pedirán al Banco Popular que renuncie a sus fincas en un acto de conciliación

-La inmobiliaria adscrita a la entidad bancaria comunicó por escrito que no litigará por los terrenos vecinales -Los afectados por la subasta de Promalar quieren que ese compromiso se plasme delante de un juez

22.02.2016 | 03:53
Los abogados explicaron a los afectados los pasos a seguir a partir de ahora. // Santos Álvarez

La salida será finalmente judicial, aunque por vía amistosa. La comisión de afectados por la subasta de bienes de Promociones y Maderas Lago Rey (Promalar) ha acordado acudir a un acto de conciliación con el Banco Popular para que este renuncie a las fincas de titularidad privada incluidas en su momento en el lote adquirido. Lo hizo en el transcurso de la asamblea celebrada ayer en la Casa do Pobo de Beluso, a la que acudieron unas 50 personas, y en la que los abogados del colectivo -Calixto Escariz y Víctor Piñeiro- explicaron la situación y los siguientes pasos a adoptar.

La decisión se toma después de que la inmobiliaria adscrita a la entidad bancaria haya manifestado por escrito su intención de no litigar por esas propiedades, tal y como se le había solicitado anteriormente por parte de los representantes legales de los vecinos de Beluso. La comunicación llegó el viernes, pero la comisión de afectados quiere que esta sea ratificada de modo legal delante de un juez a través de un acto amistoso de conciliación, en lo que debería ser el punto y final a la problemática generada por la subasta de las parcelas de Promalar en la parroquia buenense.

Previamente a la solicitud de ese acto de conciliación hay que proceder a la medición de todas las fincas afectadas, una tarea para la cual el colectivo ya se ha puesto en contacto con un especialista, que cobrará aproximadamente unos 50 euros por parcela. A ese gasto habrá que añadir el del propio acto de conciliación, con unas tarifas que desde la comisión de afectados califican de irrisorias, y que oscilarán en función de la superficie y las características de las parcelas. De este modo, los propietarios de terrenos inferiores a 1.000 metros cuadrados deberán desembolsar 50 euros más IVA; los de más de 1.000 metros cuadrados 100 euros más IVA; y quienes posean fincas con edificaciones relevantes 200 euros más IVA.

Por el momento, y según los datos provisionales aportados por el gabinete jurídico, hay un total de 49 parcelas catastrales sobre las que se ha presentado reclamación, pertenecientes a 33 dueños distintos, si bien la cifra se va actualizando de forma continua. Desde la comisión de afectados se quiere hacer un llamamiento para todos aquellos propietarios que todavía no han reclamado y quieren adherirse al colectivo, a fin de que se pongan en contacto con sus responsables y presenten la documentación necesaria. "Es la última oportunidad", advierte uno de los representantes de los afectados, José García Cuervo, actual concejal de Facenda de Bueu.

Y es que la intención de la comisión es acelerar los trámites para tener todo listo en el plazo de un mes. Será el tiempo que se dedique a recibir documentación por parte de quienes aún no lo hayan hecho, de realizar las mediciones y de efectuar las modificaciones que sean necesarias en el Catastro. Una vez esté todo listo, se dará paso al acto de conciliación. "Quien no reclame ahora lo tendrá muy difícil más adelante. Ahora se trata con un banco, pero mañana esos terrenos pueden ser vendidos a un fondo de inversión o a otros propietarios con los que negociar no será igual", afirma Cuervo. "El gasto que se asume ahora es muy asequible, porque lo mínimo es que te cobren más de 300 euros por todo esto", sentencia el edil afectado.

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