La suspensión indefinida de los mercadillos de Coia y Bouzas provoca un auge de solicitudes para Cangas

El Concello recibe más peticiones de vendedores ambulantes para instalar los martes y los viernes

12.02.2016 | 15:24
Puestos de venta en el mercadillo ambulante de los viernes en Cangas. // Gonzalo Núñez

El cierre indefinido de los mercadillos ambulantes de Bouzas y Coia, decretado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, hasta que la seguridad para vendedores y clientes no esté garantizada "al cien por cien", está provocando un aluvión de solicitudes de puestos en municipios del entorno, y particularmente en Cangas, donde los pequeños empresarios intentan paliar una situación "crítica" para más de un centenar de familias afectadas y cuyos ingresos dependen directamente de esta actividad. En las últimas semanas han sido "decenas" los solicitantes de permisos para instalar en los mercadillos de los martes y los viernes, según apuntan fuentes municipales, aunque el espacio disponible está practicamente saturado y el Concello quiera poner al día el censo antes de aventurarse con más puestos.

Esta dinámica de peticiones se está produciendo practicamente en todos los municipios del área metropolitana de Vigo, como Cangas, Moaña, Redondela o Mondariz, además de otros más distantes, como Vilagarcía de Arousa o Padrón, que se celebra todos los domingos. Los vendedores afectados ya han recogido más de 2.500 firmas de apoyo a la reapertura de los mercadillos de Coia y Bouzas, argumentando que el enfrentamiento entre miembros de los colectivos de "zamoranos" y "morones" es ajeno a un gran número de vendedores ambulantes y que no es de recibo que sigan pagando justos por pecadores.

En Cangas, tras la suspensión temporal, durante dos semanas, a raíz de la reyerta entre morones y zamoranos, la actividad se ha retomado con mayor vigilancia y sin que se hayan registrado problemas de seguridad. El Concello está aplicando la normativa a rajatabla y, tras sancionar a los implicados en aquel enfrentamiento, también está actuando con los ambulantes que no tienen toda la documentación en regla, prohibiéndoles instalar. La Policía les insta a recoger los puestos si son detectados, y hasta ahora lo han hecho de forma voluntaria, sin ofrecer resistencia. El gobierno tripartito insiste en que la ley es igual para todos y no hará distinciones de ningún tipo a la hora de aplicarla.

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