Dar vueltas de tuerca hasta bloquear el asunto y enquistarlo es el proceder que practica habitualmente el concejal Mariano Abalo y que vuelve a poner en práctica para que el problema de los recibos del agua no se solucione, según cree el grupo municipal del PP, que critica el hecho de que, tras más de siete meses en el gobierno municipal, los responsables del tripartito continúen "dando bandazos e paus de cego" en torno a ese problema, y la ocurrencia más reciente del concejal de Facenda es proponer a sus socios "derogar a anterior ordenanza fiscal por supostos incumprimentos legais".
"A verdade é que o señor Abalo non deixa de sorprendernos, poñendo de manifesto que a súa intención está máis encamiñada a enredar o problema que a solucionalo", reprochan los populares, y recuerdan que dicha ordenanza fiscal, que Abalo considera ilegal, está informada técnica y juridicamente de forma favorable y que los asesores municipales avalaron el cumplimiento de todos los preceptos legales, tanto desde el aspecto jurídico como administrativo. "Tivo tempo máis que suficiente para analizar ou reclamar sobre o que consideraba irregular e non o fixo", argumentan desde el Partido Popular, y lamentan que, cuando urge más que nunca una solución, Mariano Abalo tenga el "atrevemento de presentar unha proposta de bloqueo e empeoramento do problema", en lo que consideran "unha falta de respeto total a toda a Corporación e veciñanza de Cangas".
El grupo que lidera José Enrique Sotelo recuerda que en abril de 2015 todos los representantes políticos acordaron anular los precios del agua vigentes para 2015 y aplicar las tarifas de 2014, y además los nuevos gobernantes "prometeron en campaña electoral solucionalo todo e aínda agora non son capaces de dar nin a mínima resposta", a pesar de sus periódicos anuncios de encontrar "unha solución milagreira". Entre estas, recuerdan la propuesta municipal de cobrar el segundo padrón de 2015 "nun prazo de 15 días, de forma ilegal e incumprindo o acordo do Pleno de 2015, onde se pedía aplicar as taxas de 2014". Y, posteriormente, publicando en el Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) la aprobación de la modificación de la ordenanza con la intención de cobrar conforme al acuerdo de plenario de abril de 2015, aunque esa publicación no fue consensuada con la empresa y, lo que el PP considera más grave, "se recorre por persoas afines a un grupo político que forma parte do goberno". Otro hecho que, en su opinión, pone de manifiesto que "non existía intención algunha por parte do goberno de que esta modificación da ordenanza saíra adiante".
Los ediles del PP añaden que, desde el mes de agosto, el tripartito les traslada que las negociaciones con la empresa "están indo ben e que en breve haberá solución a este problema", pero el tiempo sigue pasando sin concretarla. "A realidade é que se leva sen facturar un ano de servizo e que antes ou despois haberá que pagalo", lo que supondrá, tarde o temprano, una carga añadida para los vecinos, sostienen los populares, que insiste en la necesidad de dar soluciones "concretas e viables" y que no se actúe a golpe de "abaladas" que lo único que persiguen es el bloqueo del Concello y el estancamiento de los servicios a la ciudadanía.
La esperanza del PP de finiquitar el problema, reforzada en el Pleno del viernes cuando el tripartito anunció una sesión extraordinaria en la que se presentará una ordenaza fiscal y una propuesta concreta que solucionaría el problema, se trunca ahora al conocerse que el concejal de Facenda propone a sus socios derogar la anterior ordenanza fiscal. "É sabido que o señor Abalo se sinte cómodo cando as cousas non avanzan e quedan estancadas, botándolle a culpa a calquera. Non lle interesa que este pobo avance nin que haxa solucións aos problemas", lamenta el PP.
