En un pleno maratoniano con 20 puntos en el orden del día, la Corporación de Cangas aprobó anoche, por unanimidad, la modificación de las normas urbanísticas en el ámbito del suelo apto para urbanizar (SAU) de A Portela, último trámite municipal para legalizar un área industrial que lleva años en el limbo legal. El documento pasará ahora a la Xunta para su aprobación definitiva, aunque, dados los informes sectoriales favorables, ese paso se considera un simple trámite que no tardará en resolverse y, con ello, la situación de algo más de una veintena de empresas asentadas en ese ámbito.
Las reticencias de algunos miembros del gobierno municipal, como es el caso del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo -quien reconoció que las licencias otorgadas en su día por el Concello no responden al "modelo urbanístico" del tripartito-, se han salvado con algunas modificaciones en la propuesta, como la eliminación de un vial interior junto al monte comunal de Darbo o la protección de la ribera del río Bouzós como zona verde. El respeto al medio ambiente fue el argumento que utilizaron todos los grupos para respaldar el documento, y desde el PP celebraron el "cambio de posición de algúns", en velada alusión a Abalo, y recordó que ellos siguen "ao lado desas 22 empresas, como estivemos sempre", por ser generadoras de empleo y riqueza.
El empleo y la riqueza y conservación de los recursos naturales también fueron argumentos del patrón mayor de Cangas, Javier Costa, que tomó la palabra al principio del Pleno para arremeter contra el anteproyecto de Lei de Acuicultura, que exigen retirar porque perjudica la pesca artesanal en favor de las multinacionales y la explotación en piscifactorías. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, le concedió protagonismo haciéndole sitio en el estrado y permitiendo que recabaran firmas de apoyo entre los corporativos y el público. "Queremos vivir do mar como viviron os nosos pais e avós", completó Costa, que sintetizó el sentir de los grupos a través de sus respectivas mociones.
Precisamente la defensa de los intereses de Cangas justificaron la elección de Mariano Abalo como representante en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Vigo. En el acuerdo alcanzado con los municipios vecinos para repartirse los cuatro años de mandato, a Cangas le correspondería 2018, aunque finalmente se acordó con Vilaboa adelantarlo a 2016 porque se debatirán "importantes asuntos" este año, como el desarrollo de Massó.
