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Las repercusiones de los fallidos convenios urbanísticos de 2004 en Cangas

El juzgado requiere al alcalde para que abone la deuda del Concello de 742.000 euros a Promalar

-El regidor propone al juez que permita pagar a plazos el débito ante la lsituación de insolvencia del Ayuntamiento -El primero sería de 100.000 euros en febrero -El resto se pagaría mensualmente con aportaciones de 25.000 euros

Letrero que anunciaba la promoción inmobiliaria en Aldán. // Gonzalo Núñez

La ejecución de sentencia fue solicitada por la empresa de Juan Lago, Promalar, para que el Concello de Cangas le abone 742.500 euros más los intereses legales correspondientes desde el 5 de octubre de 2012 por el anticipo del convenio urbanístico firmado en 2004 y que iba a permitir la construcción de 4.000 viviendas en Aldán, en una superficie de terreno de 492.210 metros cuadrados, entre Menduiña y Lagoelas, una vez se aprobara el Plan Xeral que estaba en tramitación en ese momento.

El requerimiento del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra tiene fecha de 21 de enero de 2016 y en él se acuerda requerir personalmente al alcalde de Cangas para que en el plazo de dos meses cumpla íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La ejecución de la sentencia pone contra las cuerdas a la tesorería del Concello e hipoteca toda la inversión prevista para este año. De hecho, la Tesorería Municipal realizó un informe a tenor de la mencionada petición de ejecución de sentencia en el que señala que a fecha de 28 de enero de 2016 el Concello de Cangas está en situación de insolvencia. Recuerda que el Concello está sometido a un plan de ajuste y que obtuvo la valoración favorable del Ministerio de Hacienda, por lo que propone al alto tribunal un pago aplazado de la deuda contraída. La intención del gobierno municipal era entregar el dinero en un solo plazo tras solicitar su adhesión al compartimento del Fondo de Impulso Económico de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, pero la resolución de la adhesión aún no fue resuelta por el Ministerio de Hacienda y no se sabe aún cuando lo hará.

Ante la alarmante situación económica del Concello de Cangas, la alternativa que se propone al Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra es la de un pago aplazado. El primero tendría lugar en este mes de febrero y sería de 100.000 euros, los pagos sucesivos serían mensuales y el montante económico alcanzaría los 25.000 euros, excepto en los meses de junio y diciembre de cada año, hasta alcanzar la cifra del principal: 742.000 euros. Satisfecho el principal, se fijará la cantidad total en concepto de intereses, que serían abonados en pagos mensuales, siguiendo el mismo patrón anterior de 25.000 euros cada mes hasta satisfacer toda la deuda. También indica el alcalde que, de estimarse la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico previsto en el Real Decreto Lei 17/2014, de 26 de diciembre, el Concello porcederá a anticipar el abono de las cantidades derivadas. También explica que la exclusión de los meses de junio y diciembre del patrón de pagos está motivada por el abono de las nóminas de persona municipal, "que podría resultar afectado de mantenerse esas mensualidades para no comprometer el pago de las nóminas de empleados públicos".

En consecuencia, el alcalde pide al Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra que deje sin efecto el requerimiento efectuado del que se da cuenta por medio de diligencia del día 21 de enero de 2016, y que previa tramitación oportuna se apruebe el plan de pagos.

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