La reducción del ámbito por el oeste para dejar fuera terreno forestal protegido y renunciar al vial que iba a atravesarlo, así como el retranqueo de las parcelas para preservar el regato que discurre por el oeste son las dos principales modificaciones realizadas por los empresarios de A Portela para intentar legalizar definitivamente el polígono, que lleva años en trámites. Tras revisar el proyecto a instancias de varias administraciones competentes en la materia, el documento se someterá el viernes a aprobación provisional por el Pleno a través de una modificación puntual del suelo apto para urbanizar (SAU 1) de las Normas Subsidiarias de Cangas. La propuesta cuenta con todos los informes técnicos favorables al incluir las modificaciones que se derivan de la incorporación al documento de las deficiencias detectadas por la Consellería de Medio Ambiente, último escollo de la Administración autonómica, por lo que ahora es previsible el consenso de la Corporación. Superado este trámite plenario, el expediente se trasladará a la Xunta para su aprobación definitiva.

La modificación puntual de las Normas fue aprobada inicialmente por el Pleno hace tres años (el 25 de enero de 2013), quedando suspendida la concesión de licencias. Se abrió un período de exposición pública y alegaciones que fueron informadas por el equipo redactor y resueltas por el Pleno celebrado el 25 de marzo de 2015, aceptando las que aludían a la protección medioambiental. Entretanto, se recibieron diferentes informes sectoriales que resultaron favorables en primer término o, en algunos casos (como el de Patrimonio por afectar a la capilla de San Cosme), tras hacer correcciones.

Aún así, hasta ahora seguía pendiente el visto bueno de la Secretaria Xeral de Urbanismo, que en julio del año pasado recibió a los representantes del Concello de Cangas y de los empresarios de A Portela para matizar su negativa a la modificación puntual de las normas subsidiarias en ese ámbito y, con ello, a la legalización del parque industrial que lleva dos décadas en el limbo legal. Los escollos puestos por la Xunta eran "salvables", según las partes, y el más importante, la inclusión de suelo rústico protegido en el perímetro de ese ámbito, se superaría excluyéndolo del proyecto o bien destinándolo a usos compatibles.

Los promotores se inclinaron por la primera opción, pues la otra -reclasificar suelo rústico a urbanizable- obligaría a someterse al informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia y del Consello da Xunta, que prolongaría el proceso. En estos meses, el equipo redactor ha enmendado las deficiencias señaladas y el texto está listo para su aprobación plenaria y remisión a la Xunta.