La Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia, ligada a Sinaí Giménez, príncipe de los gitanos gallegos y líder del clan de los Morones, promovió junto con otras agrupaciones de ámbito autonómico y nacional, así como federaciones nacionales de etnia gitana, un frente común para luchar contra lo que denomina persecución a vendedores gitanos, "que pudiesen llevar a cabo algunos organismos públicos como organizaciones creadas y lideradas encubiertamente por personajes políticos, funcionarios supuestamente corruptos o afines que claramente están en contra de las personas de etnia gitana al más puro estilo dictatorial pero encubierto en pleno siglo XXI".
La asociación anuncia una querella criminal en los juzgados de Cangas contra "el propio Concello, funcionarios supuestamente corruptos y contra las personas firmantes de resoluciones emitidas por el Concello contra vendedores ambulantes y, más concretamente, contra vendedores gitanos gallegos, entre los que se encuentra Sinaí Giménez, donde tales resoluciones intenta usurparles y retirarles su puesto de trabajo y su única fuente de ingresos para poder mantener a su familia, curiosamente todo lo contrario que las administraciones públicas están haciendo para luchar contra la precariedad laboral, la exclusión social y el desempleo". La asociación se refiere a que el Concello de Cangas retiró la licencia a los imputados en la reyerta de gitanos en el mes de octubre en el mercadillo de Cangas y procedió a levantar aquellos puestos que carecían de la documentación exigida por el Concello.
Declaraciones y testigos
Afirma que entre la personas que se solicita que participen como "declarantes" estarían los Policías Local, Guardia Civiles que llevan el caso de la reyerta de Cangas, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, políticos y funcionarios del Concello, vendedores ambulantes gitanos afectados de forma directa por las resoluciones emitidas por el concello de forma arbitraria, injusta e ilegales, vendedores ambulantes que han conseguido una licencia en el mercadillo de Cangas en los últimos 5 años, vendedores ambulantes afectados de forma directa por la negativa del Concello de poder tramitar traspasos de puestos y más de 50 testigos que podrán corroborar de forma directa, "nuestra denuncia".
Estos colectivos quieren lanzar un mensaje contundente a políticos y funcionarios: "Se acabó la impunidad de perseguir y acosar a gitanos, aunque se vista de formalismos técnicos".
