El acuerdo tomado por la Xunta de Goberno de Cangas el 20 de mayo de 2013 de otorgar licencia de legalización al gimnasio Sport Club, ligado al exsocio de gobierno del PP Nardo Faro Lagoa, fue una decisión "reglada" y con todos los preceptivos informes municipales que la justificaban, asegura el entonces alcalde, José Enrique Sotelo, que asegura haber seguido "escrupulosamente" las pautas que marca la ley, tanto en este asunto como en todos los tramitados durante su mandato. Por eso le sorprende que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra haya anulado aquella licencia con el argumento de que buscaba eludir el cumplimiento del fallo judicial que obligaba a demoler las instalaciones, si bien "respeta, como no podía ser de otro modo", lo que dicten los tribunales.
"No se regaló la licencia ni al señor Faro Lagoa ni a nadie. La solicitó con el correspondiente proyecto e informes técnicos del Concello, no de asesores externos", refiere Sotelo en clara alusión a las prácticas en este sentido del actual tripartito. Explica que lo que se ponía en cuestión para legalizar la situación del gimnasio era su conexión con la vía pública, y que el propio interesado acreditó tenerlo a través de dos calles (Avenida de Ourense y Atranco) tras agrupar dos parcelas de su propiedad en una sola. El Catastro también avaló esa situación, "y de hecho el gobierno anterior [el tripartito, luego bipartito, presidido por la nacionalista Clara Millán] asfaltó parte de ese tramo" en una obra ejecutada por Aqualia, añade el líder del PP, que por entonces ocupaba la Alcaldía.
José Enrique Sotelo sostiene que no tiene interés especial en defender a Faro Lagoa, pero le reconoce "el mismo derecho a defenderse que a cualquier ciudadano" y de recurrir el fallo judicial.
