"Os intrusos son o cancro das empresas, provocan a súa desaparición e o despido de traballadores", reiteran los presidentes de las asociaciones de Vendedores Ambulantes do Morrazo (Asvam) y Galega de Ambulantes e Autónomos (Agaa), Mª Carmen Viéitez y Francisco Romero Alvite, que se citaron ayer en Cangas para recalcar su "total apoio" a los alcaldes que, como Xosé Manuel Pazos, "queren cumprir coa lei e fan o posible para que así sexa, sen excepcións". Piden a los regidores que "non teñan medo a actuar" contra quienes se saltan la normativa y recalcan que estarán a su lado siempre que avancen por ese camino.

Alvite y Viéitez inciden en que en la venta ambulante debe regir el principio de igualdad y todos los comerciantes deben tener los mismos derechos y obligaciones, sin aplicar "tratos de favor", como creen que a veces sucede. El criterio de "tolerancia cero" se debe aplicar sin contemplaciones, incluso con intervención de la Fiscalía, aunque no servir de argumento para "castigar a xustos por pecadores", como es el caso de los mercadillos de Coia o Bouzas suspendidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, "nunha decisión inxusta que perxudica aos que nada teñen que ver" con el conflicto entre clanes gitanos, que ha originado un problema que corre riesgo de enquistarse.

Ambos colectivos animan al gobierno de Moaña a aplicar la normativa y expulsar de su mercadillo a quienes no la acaten. "Cumprir a lei beneficia a todos e hai que impoñer o estado de dereito polas boas ou polas malas". Recuerdan que ese gobierno local es uno de los diez de Galicia que respondieron a la demanda de emitir un informe policial sobre el cumplimiento de la legislación en sus mercadillos -otros 40 no lo han hecho-, constatando que ningún vendedor tiene la licencia municipal a la vista del público, como es preceptivo.