El sector de la pesca de bajura Galicia atraviesa por uno de sus peores temporales, con varios frentes abiertos contra la Consellería de Mar por el conflicto por el reparto de cuotas del cerco y la tramitación del Proyecto de Lei de Acuicultura, que se escenificó ayer en la asamblea de la Federación Gallega de Cofradías, en donde se acordó la celebración de una gran manifestación contra Mar para el día 27 de febrero en Santiago, aunque estos frentes también han abierto una vía de agua en el seno de su estructura de organización, en la Federación Gallega de Cofradías. En la asamblea celebrada en la sede de Ames, la Federación Provincial de Pontevedra pidió la dimisión del presidente gallego y patrón mayor de Porto do Son, Tomás Fajardo, en un efecto dominó tras la dimisión que días antes presentó el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, como vicepresidente segundo y miembro del comité ejecutivo de la Federación Gallega, y que ayer formalizó en la asamblea. Rosas, que se volvía a ver las caras con Fajardo, al que acusó de dejadez en la defesna del sector en el conflicto del cerco,explicó que había presentado su dimisión de forma meditada y voluntaria, "no con intención de causar quebrantos a nadie;me fui yo". Asegura que estaba contento con dimitir porque no quería seguir al lado de Fajardo "porque no me inspira confianza, aunque me voy sin rencores ni traumas. No quiero hacer de esto un circo, pero cada uno tiene que asumir lo que tiene que asumir" , aseguraba tras la asamblea.

Fajardo se negó a dimitir, pero se someterá a una cuestión de confianza en una nueva asamblea el día 13 de febrero, antes de la manifestación del sector y que podrá suponer su marcha como presidente. Asegura que se negó a dimitir "por lealtad a quien me eligió pero dejé claro que quien me nombró me puede destituir como está previsto estatutariamente". Y el presidente de los pósitos de Pontevedra, José Antonio Gómez Castro, anunció la próxima presentación de una "moción de censura o confianza", según Fajardo. Precisamente porque la iniciativa todavía no ha sido formalizada por escrito, el presidente de la organización gallega desconoce si se debatirá su censura o una cuestión de confianza. La federación pontevedresa que, según asistentes a la asamblea, fue apoyada en su petición por varias cofradías coruñesas, tendrá que presentar un escrito razonado que el secretario de la federación tendrá que analizar para tramitar el debate y establecer los plazos, pero la fecha quedó marcada ayer, para el día 13. "De momento, otro candidato no hay, pero había mucha prisa por dejar claro el día", explicó Fajardo.

"Sé que me equivoqué y por eso pedí disculpas públicamente, pero los argumentos no son tan sólidos como para una acción de tal envergadura. La crisis del cerco y el enfrentamiento que hay en el sector están pasando factura, pero cuidado, que igual cambiando al presidente no se resuelve esa crisis y espero que esto no sea el fin de la federación gallega", comentó Fajardo tras la asamblea, en referencia a la división existente "entre las cofradías que tienen barcos de [la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia] Acerga y de Cerqueiros Galegos".

Los críticos con Fajardo le acusan además de no haber apoyado explícitamente a Acerga, la asociación mayoritaria del cerco cuyos integrantes volverán a faenar mañana tras un amarre y una acampada de protesta para exigir cambiar el reparto de cuotas entre los barcos de cerco, actualmente basado en los históricos de capturas de la flota, por una distribución lineal, en función del número de tripulantes por barco, a la que se opone Cerqueiros Galegos, la asociación minoritaria y con barcos beneficiados por el actual sistema.

En cuanto a la Lei de Acuicultura, la Federación de Confradías de Pontevedra dio ayer a conocer un informe sobre la misma en el que justifica su rechazo rotundo a esta normativa, a la que califican de "imprecisa, incierta y ambigua". El informe incide en las cuestiones que vienen denunciando desde que se conoce el articulado de la ley, centrándose en cuestiones como su orientación a la entrada de grandes empresas acuícolas en las rías, la ausencia de diálogo con el sector a la hora de diseñarla y deja las puertas abiertas a la implantación de una acuicultura masiva, entre otras consideraciones.