La Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia ligada a Sinaí Giménez, líder del clan de los Morones, afirma que el levantamiento de puestos que se está produciendo en el mercadillo de Cangas, que afecta sobre todo a gitanos, justifica sobradamente las denuncias interpuestas por esta asociación contra el Concello de Cangas y contra el alcalde. Según informó el viernes la Policía Local, la mayoría de los puestos levantados afectaban a clan de los Zamoranos, enfrentado con el de los Morones, pero aún así la Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes sale para criticar la postura del gobierno cangués, que en su momento también decidió suspender cautelarmente la licencia a los vendedores implicados en la reyerta del 16 de octubre en el mercadillo de Cangas.

Este colectivo asegura que desde la asociación se solicitó reiteradamente reuniones con los responsable del área de Ferias y Mercados del Concello de Cangas, sin recibir respuesta, pero por el contrario "sabemos que curiosamente si se han reunido con asociaciones payas para hablar de los vendedores gitanos. "Como se aprecia, tanto el Concello como su alcalde, las asociaciones afines a ellos y sus amigos sigue empeñados en expulsar del mercadillo a los vendedores gitanos, sin reparo alguno, vulnerando gravemente y pisoteando los derechos fundamentales de estas personas que tienen derecho a trabajar, que ha presentado toda la documentación en fecha y forma y que, por lo tanto, son legítimos titulares de los puestos que ahora se les niega". El gobierno procedió en los últimos mercadillos a levantar los puestos por carecer los vendedores de la documentación pertinente. La asociación sostiene que lo que tenía, en principio, "cierto tufillo racista y xenófobo, pues existen declaraciones públicas en la que ya se aprecia que se inciaba una cacería contra gitanos, se convierte ahora, sin reparos y a ojos de todo el mundo, en una persecución implacable, al más puro estilo de la época franquista, utilizando los informes policiales interpretándolos de una manera interesada y arbitraria por parte del Concello y que solo interpreta así su alcalde. También utilizan informes de funcionarios hechos por encargo, totalmente falsos y sin fundamento, obedeciendo órdenes de tipo político e interés partidista, además de instrumentos no imparciales de cuya credibilidad y legalidad caen por su propio peso, pues no se puede maltratar de esa manera a un grupo de personas solo por el hecho de ser gitanos. Quieren ver a los gitanos fuera del mercadillo."

El citado colectivo empresarial asegura que sus servicios jurídicos, conjuntamente con el de todas las Federaciones y Asociaciones Nacionales que representan vendedores y personas gitanas están tomando cartas en el asunto y denunciarán cualquier resolución que anule licencias de vendedores gitanos que pueda salir del Concello y solicitarán formalmente la anulación cualquier licencia que el Concello pueda conceder ya que incumple la ley europea.

Pedirá, además, que se revisen todas y cada una de las licencias y procedimientos del Concello de Cangas. "Las asociaciones que representan a los vendedores gitanos no descartan empezar una "guerra" social y jurídica.