La concesionaria alega contra las nuevas tarifas del agua y exige una indemnización

Asegura que existe incumplimiento del pliego de cláusulas y dice que será imposible mantener el equilibrio financiero -"Los ingresos actuales causan dificultades para seguir adelante"

03.01.2016 | 04:55
Representantes del gobierno de Cangas (izqda) con los de Civis Global-Aqualia. // S.A.

Al gobierno local de Cangas le está costando superar con éxito la prueba del agua. Cuando parecía que estaba todo solucionado: la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa aprobada y solucionados los problemas de plazos de exposiciones de la misma, ahora resulta que la concesionaria del servicio municipal del agua, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestión Cangas, que engloba a las empresas Aqualia y Civis Global, presenta alegaciones a la modificación de la ordenanza que iba a permitir que los cangueses pudieran pagar los recibos pendientes desde marzo del pasado año con los mismos precios que en 2014.

Se suponía que esto formaba también parte de la larga negociación que desde hace meses mantiene el ejecutivo local con la concesionaria, de ahí que sea toda una sorpresa comprobar que la UTE alegue, a lo mejor también lo es para el tripartito, aunque fue el día 30 de diciembre cuando dio a conocer que los recibos de 2015 se iba a poner al cobro en febrero de 2016, con precios de 2014, pero para nada se mencionaba esta alegación de la UTE, que entró por registro municipal el día 11 de diciembre.

La UTE afirma que la nueva ordenanza, que establece como tarifas aplicadas las correspondientes al año 2014, con efectos de 1 de enero de 2015, "non se ajusta a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato de la Gestión del Servicio Público relativo al Ciclo Integral del Agua del Concello de Cangas, suscrito el 24 de octubre de 2014, entre la UTE Gestión Cangas y ese Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: Las tarifas a aplicar a los sujetos pasivos por parte del concesionario serán las que vengan señaladas en la correspondiente ordenanza fiscal vigente en el momento del formalización del contrato hasta el 31.12.2014". Señala la empresa que dicha modificación implica una notoria disminución de las tarifas que tienen que ser abonadas por los usuarios en los servicios gestionados por la empresa, "tarifas que conforman la retribución de esta concesionaria, por lo que resulta evidente que tal variación afecta alas bases del negocio alterándolas y produciendo la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato". También rescata lo dispuesto por las cláusulas 33 y 40 del pliego de condiciones y el artículo 272 de la Ley de Contratos del Sector Público para señala que en el caso de que se apruebe definitivamente la modificación de la citada ordenanza física, el Concello de Cangas deberá compensar a la concesionaria de forma que ésta pueda mantener el equilibrio financiero en los supuestos económicos que fueron considerados a la hora de concurrir a la licitación.

La empresa también señala en sus alegaciones que desde el Concello de Cangas se está impidiendo a la concesionaria la emisión de las correspondientes facturas a los usuarios de los servicios, de manera que se le stá negando su retribución como contratista. "Si bien, a pesar de los grave perjuicios que la actuación del Concello está produciendo en la UTE, la misma, a su propia costa, no ha cesado en ningún momento en la prestación de los servicios esenciales objeto del contrato. Situación que no podrá mantenerse por más tiempo, ya que la falta de ingresos está provocando graves dificultades para seguir haciendo frente al normal desenvolvimiento de dichas prestaciones y a pesar de que en reiteradas ocasiones esta gestora ha solicitado de ese Concello que ponga fin al referido bloqueo contractual, la última por medio de escrito de 11 de septiembre de 2015. Es evidente que esta alegación muestra que la distancia que separa al gobierno municipal y a la concesionaria del agua es muy grande como para decir que se está cerca de un acuerdo.

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