La plantilla de trabajadores del Concello de Cangas tendrá una retribución adicional a través de un "fondo social" dotado con hasta 200.000 euros, aunque la cuantía estará supeditada a que aumenten los ingresos por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y se reduzcan los gastos en materia de personal, al quedar sin cubrir algunas plazas vacantes. Además, dicho fondo no beneficiará a todos los empleados por igual, sino que tendrá en cuenta las condiciones socioeconómicas y las necesidades específicas de cada uno de ellos para que le toque más a quien más lo necesita. La oferta ya está sobre la mesa de la junta de personal y el comité de empresa, que hoy podrían aceptarla o presentar una contrapropuesta que permita acercar posturas en vísperas de que el Pleno debata los presupuestos generales para 2016, que será mañana por la noche.
En el capítulo de ingresos por impuestos, el Concello contempla una subida de recaudación por la contribución urbana (IBI) de un 5% sobre el actual ejercicio, al pasar de 2.840.900 euros a 2.982.900. Esos 142.000 euros de diferencia ya tienen destino en el capítulo de gastos e inversiones municipales, aunque el Gobierno local tiene expectativas de que los ingresos reales por este concepto sean todavía superiores debido al afloramiento de inmuebles que no estaban declarados y que el Catastro está detectando a través de un plan de inspección en el que trabaja desde hace más de un año en decenas de municipios de Galicia.
"Contamos que haxa ingresos a maiores, pero non se poden concretar porque o Catastro non facilita documentos oficiais ata que remate o traballo", sostiene el concejal de Facenda, Mariano Abalo, que prefiere no especular ni hacer "as contas da leiteira" sobre este aspecto porque "temos expectativas, pero non seguridade". Así, no puede determinar una partida específica derivada de la regulación de inmuebles, aunque sí se refleja ese posible incremento en los padrones.
El "peinado" del Catastro persigue detectar inmuebles sin declarar, como ampliaciones, rehabilitaciones, piscinas, cobertizos y todo tipo de obras encubiertas por las que no se tributa, aunque debería hacerse. Tras cotejar los técnicos que lo declarado sobre el papel no coincide exactamente con lo existente, la inspección concluye reclamando una tasa única de 60 euros, que se suma al cobro de la contribución urbana de los últimos cuatro años (los no prescritos) en los que debía haberse declarado pero no se hizo, más los intereses correspondientes en caso de que la reforma tenga cuatro años o más.
Parte de ese dinero iría a parar al Concello, y los trabajadores se beneficiarían en la medida en que repercuta en el "fondo social" sobre el que persisten las discrepancias. Otra parte podría venir de lo que se ahorre en gastos de personal sobre lo presupuestado, que supera en 21.537 euros el gasto por este concepto en el actual ejercicio a pesar de la supresión o amortización de varias plazas (limpiadora, notificador, inspector de obras, chófer de limpieza viaria y auxiliar administrativo), según refleja el informe de la Concellería de Facenda.
