Desde principios de 2014 y hasta la fecha el Concello de Bueu ha incoado a la empresa alrededor de una decena de expedientes por supuestos incumplimientos del pliego de condiciones del contrato. En prácticamente todos los casos se habla de infracciones "graves", algo que la concesionaria rechaza y que, al igual que en este expediente, ha decidido recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Así, parece probable que a lo largo de los próximos meses sigan saliendo sentencias por alguno de los otros casos: vertidos en la dársenas de Beluso y playa de Loureiro, un vertido en una finca de Agrelo, deficiencias en el funcionamiento de la depuradora de Cabalo o incumplimientos derivados de las auditorías periódicas que se realizan.
Desde el gobierno local justifican estos expedientes en su deber de fiscalizar el servicio de la concesionaria, una vigilancia en la que pone especial empeño desde que Aqualia demandase al Concello por no actualizar las tarifas desde el año 2006. En ese caso, en el que la concesionaria reclamaba 390.000 euros, el juzgado le dio la razón al ayuntamiento.
