Almacenar vehículos fuera de uso en lugares no autorizados constituye una infracción administrativa que la Consellería de Medio Ambiente da por cometida en Cangas, por lo que multa al Concello con 600 euros y le obliga a restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la infracción. En este caso supone la retirada de varios coches y una caravana depositados en una finca de Coiro cedida por su propietario al anterior gobierno local, siendo alcalde José Enrique Sotelo, aunque los actuales responsables municipales se dan también por aludidos sobre el medio centenar de vehículos que albergan las naves de Ojea cedidas por Costas. Expirado el convenio con la Diputación para llevarlos a un gestor autorizado, el Concello ha hecho estimaciones sobre lo que le costaría deshacerse de ellos: "Arredor de 500 euros por cada un, que non podemos pagar", afirma la edil de Medio Ambiente, Tania Castro, y arremete contra sus antecesores en el cargo por "non darlle solución" mientras el convenio estaba vigente.
La incoación del expediente se produjo en abril de 2013 por el Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental a raíz de una denuncia formulada por la Policía Autonómica atribuyéndole al Concello una infracción en materia medioambiental en una finca del lugar de Trigás, en la parroquia de Coiro. En el interior de dicha parcela, "vallada y aparentemente con suelo vegetal", localizaron "una gran cantidad de vehículos automóviles, todos ellos en evidente estado de abandono". El predio es propiedad de una empresa, aunque los agentes constataron que fueron depositados en ese lugar por parte de empleados del Concello de Cangas, que lo utilizaba para depositar vehículos que llevaban mucho tiempo estacionados, y supuestamente abandonados, en diferentes puntos de la localidad.
Aunque a raíz de las denuncias la Administración local retiró parte de aquellos residuos, la Policía Autonómica levantó una nueva denuncia en marzo de 2014 en la que manifiesta que en la misma finca "hay unha caravana, la cual se presume que se encuentra en estado de abandono, siendo la misma un residuos de considerables dimensiones", así como otros dos vehículos en similares condiciones. La Consellería de Medio Ambiente cree que esos hechos son constitutivos de una infracción administrativa a tenor de la Lei 22/2011 de residuos y suelos contaminados y que, al tratarse de residuos peligrosos, llevaría aparejada una sanción de multa de hasta 9.001 euros y la obligación, en cualquier caso, de reponer o restaurar las cosas a su estado anterior. En la resolución, la cuantía se ha quedado en 600 euros, pero no se exime al Concello de retirar los vehículos.
El Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental no ha aceptado las alegaciones municipales, presentadas hace ahora un año, donde argumentaba que el Concello tiene atribuidas las competencias para retirar vehículos abandonados, la prescripción de los hechos denunciados y de que no se trata de una infracción continuada sino de una solución temporal dada la necesidad de acometer el acondicionamiento de las instalaciones municipales y, finalizada esta, los vehículos fueron retirados de la parcela.
Las razones municipales son rechazadas por la Xunta, que da por hecho que la infracción se mantiene en el tiempo y que el acondicionamiento de otras instalaciones no justifica que se dejen los vehículos en una parcela sin las condiciones apropiadas y a la que pueden filtrarse los elementos contaminantes que los integran, particularmente aceites y líquidos de baterías. Su recogida, clasificación, transporte o almacenamiento corresponden a un gestor autorizado, y el Concello de Cangas no lo es, advierte.
