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12.11.2015 | 03:03

La sentencia de la Audiencia Provincial señala que de las pruebas aportada por las defensas para amparar la realidad de su alegato, lo único que cabe deducir es, de un lado, "la sorprendente complejidad de la maraña de contratos privados a los que acudieron Socomade y las condenadas M.R.G.. Y M.J.R.. y posteriormente Socomade y Galcosta para formalizar y materializar lo que no es sino una compraventa de un inmueble, por importante que pudiera ser su transcendencia urbanística y económicas, resultando especialmente llamativa la resolución por muto disenso de los contratos".

También se percata la Audiencia de como el ciudadano portugués condenado, administrador de Socomade, y la empresa Pescados Lolita tenían préstamos entre ambas y de como Socomade era una sociedad prácticamente muerta en el año 2001, puesto que no presentaba declaraciones tributarias desde el año 1996 hasta precisamente en el año 2001, careciendo de cuentas bancarias y de trabajadores. "Que los contratos privados en que los apelantes pretende fundamentar la realidad de la venta ni fueron contabilizados ni liquidados tributariamente; o, en fin, lo sorprendente de la actuación de los vendedores portugueses, puesto que A.C. afirmó que no se tasó el inmueble porque tenía necesidad de vender y lo vendió por 40 millones de pesetas en el año 1997, pudiendo esperar, empero, hasta el año 2001 para recibir el pago de la venta.", argumenta la Audiencia de Pontevedra.

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