La vida municipal en Bueu durante el último mes y medio ha estado marcada por el conflicto del edificio Pintos, que ha estado más cerca que nunca del derribo al que obliga una sentencia del año 1990. Estas semanas se ha vivido incluso un hito histórico: la celebración de un pleno extraordinario en el que la corporación de Bueu pidió públicamente perdón a los afectados por los errores de hace 30 años. En esa sesión el alcalde, Félix Juncal, se mostró un tanto enigmático y rechazó realizar valoraciones políticas por "respeto" a los vecinos. Ahora, dos semanas después en una entrevista a FARO habla sobre las que califica como las "semanas más duras" desde que llegó a la Alcaldía. "Para mí y mi familia", precisa.
-El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un nuevo auto esta semana. ¿Qué es lo que dice?
-La comunidad de propietarios del edificio había presentado un segundo incidente en el que pedía que se declarase nula la resolución de la Alcaldía en la que se decretaba el desalojo forzoso en base a la sentencia del TSXG. Este auto viene a dejar claro la legalidad de aquella resolución y a ratificar los informes de los servicios jurídicos y de la Secretaría del Concello. A pesar del nuevo artículo 108.3, desde el Concello no se podía revocar aquella orden. Dicho esto, la situación es igual que hace una semana: la ejecución de la sentencia de derribo está suspendida cautelarmente por las medidas cautelares del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra y el recurso de casación presentado por la propiedad de un piso. Algo que nos hace felices.
-En el pleno extraordinario en el que se aprobó la declaración institucional de perdón esquivó la confrontación política. ¿Ha llegado ahora ese momento?
-Sí. Puedo asegurarle que fueron las semanas más difíciles y duras desde que soy alcalde. Para mí y para mi familia. Entendí que no era el momento de hacer valoraciones políticas, sino de explicar lo que había delante: una orden de desalojo provocada por una sentencia que obligaba al derribo parcial. Si en el año 2007 me dicen que en 2015 estaríamos en esta situación no lo creería. Desde que soy alcalde hubo varias reuniones con los vecinos en las que mostré una especial sensibilidad con este tema. Se explicó cuál era la situación y asumimos el compromiso de intentar evitar el derribo, siempre dentro de la legalidad. Es algo que figura en las hemerotecas. En este tiempo tuve que pagar dos multas de 600 y 1.500 euros y ahora me enfrentaba a un delito de desobediencia.
-¿Cuál es entonces su valoración desde el plano político?
-Creo que es necesario aclarar algunos aspectos sobre los momentos iniciales de este edificio. El primer promotor es José Loira Moldes, que ya ha fallecido, y firmó un convenio con el Concello de la época. En marzo de 1986 se otorga la licencia para la construcción, pero poco después queda acreditado que se incurre en una infracción urbanística porque no se respetan las condiciones de la licencia. Hay sendos informes de la Secretaría Municipal y del arquitecto técnico. Desde Secretaría se insta al alcalde [Manuel Freire Lino, entonces en Convergencia de Independientes de Galicia (Ciga)] a dejar sin efecto la licencia y a que no continuasen las obras.
-Está claro que eso no ocurrió.
-Claro. Poco tiempo después Loira Moldes transmite la promoción a Feliciano Pintos y su familia. Y a partir de aquí empieza lo curioso. José Loira Moldes se presenta a las elecciones municipales de 1987 como cabeza de lista del CDS [el antiguo Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez] y obtiene un acta de concejal. A pesar de que Alianza Popular/Partido Popular, con Freire Lino como cabeza de lista, obtiene la mayoría absoluta cuenta con el apoyo de esta persona en la investidura. Eso podría ser hasta normal, pero lo realmente relevante es que luego se integra en la junta de gobierno municipal. Es decir, el promotor inicial del edificio, el que incurrió en la infracción formó parte del gobierno local del PP entre 1987 y 1991. Es curioso porque tenían mayoría absoluta y no necesitaban su apoyo. Tuvo conocimiento de todo el proceso y de la sentencia firme del TSXG del año 1990.
-¿Por qué revelan este dato ahora?
-Creemos que cuando menos es sorprendente y grave. Ahora somos nosotros los que instamos al PP de Bueu, como herederos de aquel partido, a que ofrezca explicaciones de por qué incorporó al promotor al gobierno local cuando no lo necesitaba y cuando se estaba sustanciando el proceso judicial.
-En el primer pleno ustedes se quejaban de que no era justo responsabilizar al actual gobierno de algo ocurrido hace 30 años. Tampoco parece justo responsabilizar al actual PP de Bueu de aquello.
-¡Cuidado! No estamos responsabilizando al PP de Bueu actual. Lo que pedimos son explicaciones y lo hacemos usando su mismo argumento de que somos herederos de lo que pasó entonces. Insisto: queremos explicaciones de aquella decisión desde el plano político. El Concello de Bueu no es el responsable ni el culpable de la infracción urbanística, sino de no actuar como debiera.
-Nadie lo dice abiertamente en público, pero también se responsabiliza al BNG de incitar o estar detrás de la denuncia contra el edificio.
-Leyendas negras han existido, existen y existirán. Ya estamos acostumbrados. Mire: lo que no se puede hacer es invertir la carga de la prueba. Los mismos que ahora nos hacen culpables de todo esto son los mismos que nos acusaban de las denuncias y de intentar paralizar la obra.
-¿Por qué cree que aquella comisión de gobierno no paralizó la construcción del edificio?
-Bueu es una población pequeña y todos nos conocemos. Me voy a limitar a recordar la composición de aquella comisión de gobierno: Manuel Freire Lino, José Álvarez Álvarez, José Fiel de la Torre, Manuel García Loveira, Hilario Outeda Villanueva y José Loira Moldes. Creo que sobran las explicaciones.
-En estas semanas los vecinos y el gobierno han mantenido discrepancias sobre lo que se podía hacer o no desde el punto de vista legal.
-A nadie le gustaría estar en esta situación. Me he sentido incomprendido e incluso presionado para actuar incumpliendo la legalidad. El auto del TSXG de esta semana ratifica el trabajo impecable de los servicios jurídicos y de la Secretaría Municipal. Por eso creo que ahora era el momento de hablar desde el punto de vista político.
-¿Entiende que la declaración institucional es un reconocimiento de responsabilidades patrimoniales del Concello?
-No. Es un reconocimiento del daño causado a los propietarios de buena fe por la pasividad del Concello durante la construcción del edificio. Esas personas no tenían por qué convivir con este problema durante 30 años. Dicho esto hay que precisar que si el Concello de Bueu es responsable tendrá que hacer frente a sus responsabilidades, aunque primero hay que demostrar esa responsabilidad. Yo soy el alcalde, pero no pago yo. Quien paga es todo el pueblo de Bueu, con el dinero de todos y yo tengo que defender los intereses generales. Primero hay que demostrar esa responsabilidad y si es así se pagará.
