El juzgado suspende el desalojo del edificio Pintos hasta garantizar las indemnizaciones

El Contencioso-Administrativo de Pontevedra atiende el incidente judicial presentado por la comunidad de propietarios - La Alcaldía revoca la orden de desalojo forzoso del lunes

29.10.2015 | 05:22
Un grupo de vecinos afectados, ayer en la escalera interior del edificio Pintos. // Santos Álvarez

Los vecinos del edificio Pintos de Bueu recibieron ayer la primera buena noticia en varias semanas: la suspensión cautelar de la orden de desalojo forzoso de sus viviendas, que debía producirse el lunes. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra dictó un auto que entró ayer por la mañana a través del Rexistro Xeral del Concello y en el que acuerda la adopción de medidas cautelares mientras no haya garantías suficientes para indemnizar a los propietarios considerados terceros de buena fe. Una vez recibida la notificación judicial desde la Alcaldía se pusieron en contacto con los portavoces vecinales para comunicarles la revocación del desalojo.

El tribunal atiende el principal argumento esgrimido por la comunidad de propietarios en su nuevo incidente de inejecución: la entrada en vigor desde el 1 de octubre de cambios en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el ya famoso artículo 108.3. El enunciado de este precepto establece que no se puede proceder a la demolición y a la reposición de la legalidad urbanística si previamente no se han presentado las garantías suficientes para responder del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe. Esto es, a los propietarios que compraron sus viviendas sin que se les advirtiese de las cargas ni éstas figurasen anotadas en el Registro de la Propiedad.

"Esto pone fin a unos días de tensión tremenda", afirma el portavoz vecinal, José María Alén. "Estamos muy contentos de que este artículo 108.3 sea el primero que haya podido paralizar este proceso. Nos ha dolido que en algunos momentos se hablase solo del recurso presentado por las propietarias de un piso de la segunda planta, cuando lo que queríamos todos los vecinos es que prosperasen todos los recursos", manifiestan las mismas fuentes.

El juzgado argumenta en su auto que el reciente cambio legislativo resulta de aplicación en este caso, aun cuando ya hay una sentencia firme. "Es ya aplicable a este nuevo incidente de medida cautelar instado por la parte recurrente, aun cuando se derive de sentencia y trámite de ejecución anteriores a la vigencia de la norma, pues se refiere a efectos futuros sobre los interesados", argumenta en sus Fundamentos de Derecho. De este modo acuerda que "ha de estimarse la solicitud y suspender la ejecutividad de la orden de desalojo recurrida, al no constar que haya una situación de peligro inminente que requiriese la inmediata actuación de demolición [...] y considerándose que cabe apreciar la existencia de terceros de buena fe con derecho a ser resarcidos de los daños y perjuicios causados, cuyo cobro ha de ser garantizado ahora, de acuerdo con la ley, con carácter previo a que se materialice la demolición".

Alivio municipal

El Concello de Bueu presentó un incidente similar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y en el caso del que presentaron los propietarios en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo mostró su conformidad. El alcalde buenense, Félix Juncal, reconocía ayer un evidente alivio. "Era a noticia agardada. Nos fai felices porque non temos o deber de dar cumprimento a esa sentenza", explicaba el regidor. "Agora serán os tribunais os que teñan que determinar cales son as garantías e quenes son os responsables", afirma.

La única sombra de duda en estos momentos es precisamente lo que pueda acordar el TSXG, que es una instancia superior al uzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra. De hecho en el auto se afirma que se acuerda la medida de suspensión cautelar "sin perjuicio de lo que pueda acordar el TSXG, como órgano competente para la ejecución de la sentencia".

Los portavoces vecinales sostienen que esta medida cautelar adoptada desde Pontevedra es de justicia. "Los vecinos no somos los condendos ni los responsables, somos terceros de buena fe. Pero sin embargo éramos nosotros los que iban a ser desalojados, los que íbamos a tener que pagar la demolición y a quienes se le depositarían sus pertenencias en una lona de obra. Era algo brutal", argumenta José María Alén. A lo largo del último mes recogieron más de 8.000 firmas, la mitad de ellas de Bueu, y pusieron en marcha una campaña de recogida de apoyos a través de Internet. "Queremos agradecerle a toda la gente de Bueu y de localidades del entorno, a todos los que firmaron en Change.org, a los medios de comunicación y a las asociaciones AMA y SOHA todo el apoyo que nos brindaron", concluían ayer emocionados los representantes vecinales del ediificio sito en Loureiro.

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