La parte demandante también tenía constancia ayer del auto del juzgado pontevedrés y no ocultaba su disconformidad con la decisión. "Evidentemente nos produce gran contrariedad porque al hilo de una demanda manifiestamente carente de fundamento [la que está planteada en el juzgado], se está tratando y consiguiendo de momento evitar una orden judicial del TSXG, amparándose en una recientísima y muy criticable reforma legal de julio de este mismo año", explical el abogado Ernesto De Gregorio. Esa modificación legislativa "inopinada e inesperada" entró en vigor el 1 de octubre.
La representación legal del demandante ya ha reaccionado y ha pedido al TSXG que exija al Concello "como responsable de los posibles daños a los propietarios de buena fe que preste la oportuna caución". Esto es, las garantías de que abonará las indemnizaciones que puedan percibir los vecinos.
La declaración institucional aprobada hace una semana por el pleno de manera unánime se entiende por la parte demandante como una "nota pública asumiendo su responsabilidad", por lo que argumenta que "no debería haber problema para que el TSXG obligue a prestar dicha caución al Concello".
