Polémica sobre la derogación del servicio de la Diputación

Cangas retirará al ORAL la gestión y cobro del IBI pero aplaza aplicar la medida hasta el 2017

La propuesta se retiró ayer del orden del día a instancias del tripartito porque el convenio debe denunciarse con al menos un año de antelación -El PP celebra que "decidan recuar" tras la "arroutada" de Mariano Abalo

29.10.2015 | 05:22
El diputado y edil del PP José Enrique Sotelo celebró ayer que el tripartito decida "recuar". // Rafa Váquez

El gobierno tripartito de Cangas aplicará el acuerdo plenario para retirar al Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) la gestión y cobro de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en período voluntario que tiene delegado por el Concello desde hace 23 años, pero la medida no se llevará a efecto hasta el 2017. Los informes técnicos municipales apuntan a la obligación de denunciar el convenio con al menos un año de antelación, y sobre esa base, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, instó a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a retirar ese punto del orden del día en la sesión plenaria de ayer. La medida responde a la intención municipal de respetar los plazos legales, afirma el concejal de Facenda, Mariano Abalo, mientras el diputado y edil del PP José Enrique Sotelo aplaudió que desde el Concello hayan decidido "recuar", aunque teme que sea solo una fórmula para ganar tiempo y que a medio plazo se materializará la propuesta.

La decisión de retirar el servicio al ORAL y asumirlo con medios propios fue adoptada en verano por acuerdo plenario en una sesión en la que el tripartito (ACE, BNG y AspUn) hizo valer su mayoría, aunque no tuvo respaldo de los demás grupos. PSOE y Cangas Decide optaron por abstenerse, mientras el PP votó en contra con el argumento de que el Concello perderá liquidez y la gestión catastral de las que ahora se beneficia en contrapartida. Sotelo celebró ayer la "sorpresa" de que se retirara del orden del día ese punto, que califica de "unha abalada máis" y que, en su opinión, viene a darles la razón cuando advirtieron que se trataba de una medida apresurada, sin analizar las consecuencias y que pondría en peligro la estabilidad económica del Concello.

Pero Abalo cree que sobre este asunto se está dando un "alarmismo interesado" por parte del PP y explica que la retirada del asunto del debate plenario de ayer quedó motivada en una reunión previa, "moi cordial", con el tesorero de la Diputación en la que se aclaró la intención del Concello de no asumir directamente ese servicio hasta el 2017, por lo que el próximo aó aún estará delegado en el ORAL. Los informes de la interventora y tesorera municipales apuntan a que la denuncia del convenio "ten uns prazos legais" y que desde la institución local nunca se tuvo intención de incumplirlos.

Abalo también quiere dejar claro que el Concello no está obligado a aceptar la fórmula del "todo ou nada" y que la asunción de la gestión y cobro de recibos en período voluntario es un compromiso electoral que piensan cumplir, supondrá un ahorro económico para las arcas municipales a medio plazo y no implica necesariamente asumir también la vía ejecutiva, "que si a pode prestar o ORAL, porque está para dar servizos". Esa y otras opciones son "viables e negociables" y el gobierno cangués quiere resolverlas a través del diálogo entre ambas instituciones.

El PP insiste en que ese rescate conlleva perder la gestión catastral que se presta en la oficina canguesa del ORAL y renunciar a un anticipo mensual de 140.000 euros desde enero hasta agosto, entre otros. Sotelo advierte "unha mostra máis de irresponsabilidade" de los gobernantes cangueses, "asesorados por sinistros personaxes" y que ponen en peligro la estabilidad económica del Concello sin tener en cuenta sus consecuencias. Celebra que hayan decidido "recuar, demostrando así que tiñamos razón" cuando se aprobó en Cangas de forma improvisada y fruto de una "arroutada do concelleiro da área", y piden que impere "o sentido común".

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