Prometieron que sería original y así fue. Una representación vecinal del edificio Pintos acudió ayer a mediodía al Concello de Bueu a entregar las más de 8.000 firmas recogidas desde finales del mes de septiembre. No había duda de que eran los vecinos de este ya famoso inmueble: las hojas con esos miles de apoyos las presentaron en una caja que era una fiel representación de su inmueble. Por no faltar no faltaba siquiera la gran lona que desde hace un par de semanas cuelga de la fachada principal y en la que se puede leer: "Concello responsable. Legaliza o indemniza".
Los afectados aprovecharon el trámite de entrega en el Rexistro Xeral para leer una nueva declaración en la que agradecieron la cantidad de apoyos recibidos. Las estimaciones apuntaban que serían alrededor de 7.500, aunque finalmente esa cifra superó los 8.000. De ellos, 4.000 son de vecinos de Bueu, 2.500 proceden de los Concellos limítrofes y 1.600 a través de la plataforma Change.org. "Lo que se busca es que se actúe de forma justa, que no sean los vecinos los que sufran las consecuencias de una condena judicial que recae sobre el ayuntamiento y en la que nosotros no figuramos en ningún sitio", recalcan. La situación generada con el fallo judicial resulta, a su juicio, "inverosímil". "Unos son los condenados y otros los que sufren la condena. Lo único que sabemos es que nosotros no somos los responsables y los auténticos responsables tendrán que responder de su mala praxis", subrayan.
El día después del pleno
La entrega de los apoyos llega justo el día después de la celebración del pleno en la que la corporación aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se solicitaba perdón a los afectados por los errores del pasado del Concello de Bueu. Éste era un gesto demandado por los vecinos, pero que más allá de su simbolismo carece de efectos prácticos. La otra reclamación vecinal es que la Alcaldía dicte una resolución con una suspensión cautelar de la orden de desalojo forzosa prevista para el próximo 2 de noviembre.
Los representantes vecinales admitían ayer que esperaban que el alcalde aprovechase el pleno extraordinario del jueves para hacer ese anuncio porque entienden que los cuatro recursos que hay presentados en estos momentos suponen una base jurídica suficiente para esa medida cautelar. De momento el compromiso municipal es solicitar un informe a la Secretaría Xeral Municipal para que determine si la Alcaldía puede adoptar o no esa resolución que se le pide.
La representación vecinal que depositó las 8.000 firmas en el Rexistro Xeral destacó el hecho de que más de la mitad de ellas procedan de Bueu y su peso. "En las elecciones de mayo nos quisimos mantener al margen y no politizar este asunto. Pero aquí van más firmas de Bueu que los votos que tuvo el partido del grupo de gobierno", recalcaron los afectados del edificio Pintos.
La declaración de ayer concluía con una última petición, dirigida a los gobiernos autonómicos y al propio Estado. "Hay que poner remedio a estas situaciones de desprotección a los propietarios de buena fe, e incluir de cara a las próximas elecciones generales soluciones a este enorme problema que afecta al derecho universal a la vivienda de miles de familias en todo el Estado. Esto no es justo y habrá que crear una ley de proyección a estos ciudandos", sentencian.
