La corporación municipal de Bueu entonó ayer su mea culpa por la situación que viven y padecen los vecinos del edificio Pintos, en Loureiro. El pleno aprobó por unanimidad la declaración institucional en la que pide perdón por la actuación municipal en el momento de la construcción del edificio y en los años posteriores. Una declaración por la que los representantes vecinales se "congratularon", pero puntualizan que solo atiende a una parte de sus dos peticiones. La otra es que se revoque o suspenda cautelarmente la orden de desalojo forzoso dictada para el 2 de noviembre mientras se resuelven los cuatro incidentes judiciales presentados. El alcalde, Félix Juncal, afirmó su convencimiento de que será el propio Tribunal Supremo quien dicte esa suspensión. "Grazas a que unha propietaria particular presentou un incidente xudicial no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e a que o seu avogado anunciou un recurso de casación esperamos que nos vindeiras horas ou días o Supremo dicte unha providencia que opere a suspensión e revogue o acto administrativo da orde de desaloxo", anunció.
Ese convencimiento no resulta suficiente para casi la veintena de familias que viven en el inmueble, que se hallan en una "situación límite e extrema" debido a la tensión e incertidumbre, tal como expuso durante una intervención posterior el portavoz de la comunidad de propietarios, José María Alén. Los vecinos reclaman a Juncal que dicte una resolución que al menos suspenda cautelarmente el desalojo. "Entendemos que con catro procesos xurídicos abertos debido aos incidentes presentados nos xulgados existe base xurídica suficiente para dictar esa resolución", argumentan los propietarios, que estaban acompañados en el pleno por su abogado. Lo que temen es que una posible respuesta positiva, como la del Supremo, pueda llegar tarde. "Aínda que non se desaloxe, os dereitos da parte demandante siguen intactos. O único que non é retroactivo é o desaloxo", argumentan.
El pleno de ayer no llegó a alcanzar los niveles de tensión de hace dos semanas, aunque también los hubo. Los afectados entienden que la negativa de Juncal a dictar esa suspensión cautelar puede constituir un acto de prevaricación cuando están abiertos cuatro procedimientos judiciales. El regidor se comprometió con los vecinos a solicitar un informe jurídico a la secretaria municipal valorando esta posibilidad y, a preguntas de los propios afectados, expresó su "desexo" de que no se llegue a proceder a la demolición parcial.
Antes de la votación los grupos políticos intervinieron para solicitar su perdón e interpelar al alcalde. La portavoz del PP, Berta Pérez, pidió un informe de la secretaría municipal sobre la posibilidad de suspender el desalojo en base a la reciente modificación del artículo 108 de la jurisdicción contencioso-administrativa. El portavoz del PSOE, José Manuel Vilas, mostró sus solidaridad con los vecinos y, aunque votó a favor de la declaración, manifestó que "máis que unha petición de perdón parece unha exculpación", en alusión al actual gobierno local. Vilas insistió en que ese texto echaba en falta una alusión "ás oposicións [partidos políticos] que tiñan en tensión ao pobo e incitaban a denuncias para paralizar a acción do goberno". Por su parte, el concejal de SON Bueu, Julio Villanueva, defendió que llegado el momento se optase por la desobediencia civil e insumisión. "Ás veces a legalidade non é xusta", sentenció para defender su postura.
