El Área Metropolitana vivió ayer un capítulo histórico al haber unido en torno a una mesa, por primera vez, a los alcaldes de los 14 concellos llamados a componerla en su constitución y a otros cinco interesados en entrar en el club. A la convocatoria del regidor vigués, Abel Caballero, acudieron todos sus homólogos invitados, de diferentes colores políticos -PSOE, PP, BNG, ACE-Son e independientes-, que coincidieron en el objetivo de impulsar la institución territorial para aprobarla de una vez por todas, y consideraron la cita "una toma de contacto positiva".
No obstante, el debate de más de dos horas celebrado en el antiguo Rectorado de Areal evidenció las diferencias en el modelo de gobierno y, en esencia, sobre el peso de cada municipio en la junta que dirigirá el Área. También quedó patente que el transporte metropolitano es la prioridad para la inmensa mayoría de los alcaldes, mientras que la financiación preocupa a muchos de ellos, que piden clarificar los costes que tendrá para sus respectivos ayuntamientos antes de embarcarse en el proyecto común.
El voto en la junta de gobierno se presenta como el principal punto de fricción. Caballero plantea un voto ponderado en función de la población con factores de corrección para buscar consensos. La ley actual establece la fórmula "un alcalde, un voto", lo que iguala a todos los municipios. La mayoría de los regidores, entre ellos varios del PP, se mostraron ayer de acuerdo en que debe tenerse en cuenta el criterio poblacional y el peso de Vigo en la junta de gobierno, si bien creen que debe estudiarse a fondo el modelo para garantizar un equilibrio en la toma de decisiones, con el máximo consenso y a ser posible la unanimidad.
En este punto los seis alcaldes del PP marcan claras distancias con Caballero, lo que provocó la respuesta del alcalde vigués en su comparecencia al término, en la que achacó a algunos de ellos acudir con "consigna política", dirigida por la Xunta, para frenar el Área. "Hay un amplísimo consenso y es imparable. Que Feijóo no se esfuerce en intentar pararla", advirtió.
Los populares recelan de que los demás ayuntamientos puedan convertirse en "barrios de Vigo", en palabras de Javier Bas (Redondela) quien, reconociendo que la ciudad debe tener "un peso potente" en la junta, aboga por buscar "caminos intermedios" como podría ser el derecho de veto para la urbe, de forma que se garantizase que Vigo no controlará el Área con pequeñas alianzas, pero tampoco se tomarán decisiones sin su aprobación. Arturo Grandal (Salvaterra) y Alberto Méndez (Mos, que suplió a Nidia Arévalo, de baja por maternidad) tienen una postura más rígida y defienden el sistema de "un alcalde, un voto".
Caballero advierte de que nunca asumirá ese mecanismo. Considera inaceptable que Pazos de Borbén tenga el mismo peso que Vigo "con una población cien veces menor" y opina que los alcaldes que afirman que sus municipios podrían ser barrios de la ciudad "insultan a sus propios vecinos". La también socialista Eva García de la Torre, alcaldesa de Porriño, apuntó que dar el mismo peso a todos los miembros de la junta "no es ni medio razonable", si bien se muestra convencida de que "no hay diferencias insalvables" y la Xunta "tiene el sentir de los ayuntamientos de que el Área se ponga en marcha". El popular Agustín Reguera, aunque cree que hay que encontrar una proporcionalidad válida para todos, es optimista: "Creo que podemos entendernos". Bas consideró positiva la reunión, si bien lamentó que "no hubo avances concretos" más allá del intercambio de opiniones y la voluntad de constituir el Área.
El transporte, fundamental
Si hay un servicio metropolitano que los alcaldes señalan como imprescindible es el transporte. La Xunta puso el sistema en marcha en abril, pero Vigo no ha entrado al oponerse a sus términos económicos, y otros concellos están también en desacuerdo con las condiciones, caso de Cangas y Moaña, que reclaman cambios. "El coste debe ser menor para los ayuntamientos", apuntó el cangués Xosé Manuel Pazos, quien coincide con Caballero en que poner en marcha el transporte metropolitano con la participación integral de todos los municipios debe ser una prioridad en cuanto se constituya el Área. Leticia Santos, regidora de Moaña, reclama "cambiar el convenio actual" y mantiene que el ente territorial debe nuclearse a través del sistema de transporte público.
Los ayuntamientos coinciden en que la participación de Vigo es fundamental, ya que la ciudad es el origen y destino de la inmensa mayoría de los desplazamientos, en los que los usuarios suelen combinar el transporte interurbano con el Vitrasa. Los mandatarios de Redondela, Salceda, Soutomaior, Cangas, Mos o Pazos hicieron hincapié en ello. Caballero no está dispuesto a aceptar el convenio de la Xunta -que con el sistema actual supone la gratuidad de los transbordos- sin fijar un tope económico para el Concello, ya que según sus cálculos el coste sería inasumible para la ciudad. Sin embargo se muestra receptivo a un acuerdo, siempre y cuando este se alcance a través del Área Metropolitana y la Xunta aporte mayor financiación.
El otro punto central de la reunión de dos horas fue la financiación, cuestión que suscita preocupación entre muchos alcaldes. Existe consenso en que los servicios que se traspasen al Área desde otras administraciones -como Xunta o Diputación- deben ir por ley acompañados de la financiación necesaria, y los regidores opinan que es imprescindible conocer con seguridad los costes para que compartir servicios salga más barato que gestionarlos individualmente, en vez de suponer una carga mayor.
Grandal reclamó un estudio económico, "que podría hacerse en una semana", y desacreditó el modelo del Área de Barcelona que abandera Caballero, ya que según los números que aportó supondría para Salvaterra un gasto inasumible de 460.000 euros en función de su censo. El regidor vigués se pregunta cómo algunos de los regidores del PP que acudieron a la fallida sesión constituyente de 2012, celebrada en el paraninfo del mismo edificio, se preocupan ahora de los costes cuando aceptaron los términos de la actual ley. El independiente Marcos Besada (Salceda) afirmó que "es necesario saber cuánto costará el Área, cuánto nos vamos a ahorrar, y a cambio de qué servicios".
Caballero asegura que existe acuerdo del 80% de los alcaldes para modificar la ley del ente y ponerlo en marcha. "El siguiente paso es que la Xunta envíe a Vigo el borrador de la reforma", indicó. El director xeral de Administración Local sigue con su ronda de contactos con las corporaciones, que finalizará la última semana de noviembre. El objetivo común es ponerla en marcha en este mandato autonómico.
Los concellos de Tui, Tomilño, A Guarda, Vilaboa y Mondariz, que solicitan integrarse en el Área, salieron satisfechos por la buena disposición de la mayoría a ampliar el futuro ente por encima de los 19 integrantes que plantea Vigo. Juegan la baza de sumar población y de que aportan al proyecto 72 kilómetros de frontera con Portugal, interesante para optar a fondos europeos transfronterizos.
