Vecinos del edificio Pintos piden paralizar el derribo hasta fijar las indemnizaciones

Los afectados aseguran que el alcalde de Bueu, Félix Juncal, tiene competencias para frenar la demolición en virtud del artículo 108 de la nueva Ley Contenciosa Administrativa

10.10.2015 | 02:30
Un momento de la reunión entre afectados del edificio Pintos con los rectores municipales. // G. Núñez

Vecinos del edificio Pintos de Bueu han reclamado nuevamente al alcalde del municipio, Félix Juncal, que proceda a la paralización del derribo del inmueble -previsto para el día 2 de noviembre- en virtud del artículo 108 de la nueva Ley Contenciosa Administrativa. Lo hicieron ayer, en el seno de la reunión que mantuvieron con el regidor local, Félix Juncal y con el edil de Urbanismo, Martín Villanueva, y en la que también estuvieron presentes el asesor legal del Concello, Calixto Escariz, así como los dos abogados que llevan el caso de los afectados de este inmueble.

El planteamiento de los vecinos es claro, y se basa en que el nuevo artículo permite frenar la ejecución de la demolición de los edificios hasta que se fijen las indemnizaciones a los afectados en el caso de que hayan adquirido sus viviendas de buena fe. Según los servicios juríficos consultados por los vecinos, esta paralización puede llevarla a cabo de forma directa el alcalde buenense, una cuestión que desde el Concello quedaron en estudiar para ofrecer una respuesta en los próximos días. Precisamente al hilo de este cambio legislativo el Concello presentó en los últimos días un incidente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para reclamar la anulación de la orden de desalojo. Los vecinos valoran el paso pero afirman que "creemos que el gobierno local puede dar más pasos porque en nuestra opinión tiene competencias para ello", manifiesta el portavoz del colectivo de afectados, José María Alén, que añade que, por ello, "cualquier actuación en este sentido no tendrá consecuencias legales para él".

Los servicios jurídicos del Concello serán ahora los que estudien este planteamiento y vean si es factible adoptar esa medida. Desde los afectados reclaman que "actúen conforme a un servicio jurídico de una administración y no de un particular, porque no es lo mismo defender a una administración que debe responder ante sus administrados, que somos todos", señala Alén. O lo que es lo mismo, en su opinión, "debe hacerse una interpretación real de la norma, y no la que favorezca a los intereses de su cliente, porque si no estaríamos dentro del ámbito del derecho privado y no del derecho de la administración".

Pleno extraordinario

Otra de las cuestiones que se puso encima de la mesa fue la de la celebración de un pleno extraordinario urgente en el que el Concello pida perdón a los afectados por el conflicto, una iniciativa en la que, según manifestó José María Alén, "debería contar con el apoyo de todos los grupos de la corporación y con la presencia de los anteriores alcaldes". Aclara que "es un perdón institucional, no del actual alcalde. Nosotros nunca hemos querido politizar esto porque no es nuestra batalla, y de hecho las diferentes fuerzas políticas nos han mostrado su apoyo".

Desde el gobierno local, Martín Villanueva valora positivamente un encuentro que sirvió para analizar las posibles salidas a un conflicto en el que el concello "ten que actuar por mandato xudicial, non porque queira".

La opinión de los rectores municipales es que el citado artículo 108 de la Ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa puede ser la opción más viable para evitar el desalojo fijado para el 2 de noviembre. "Eles teñen presentado un recurso e nós tamén unha incidencia. Si é certo que se pode paralizar despois habería que ver a quen lle correspondería satisfacer esas indemnizacións", afirma el edil buenense. Con todo, la más que posible presentación de un recurso de casación de las propietarias de un piso en la segunda planta, podría ser la solución más cómoda a corto plazo para ganar algo de tiempo. El TSXG rechazó su recurso de súplica para la inejecución por imposibilidad material y ahora el recurso de casación ante el Tribunal Supremo suspendería de forma cautelar la ejecución de la sentencia.

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