"No pedimos caridad, queremos justicia"

Marina y su marido, con una discapacidad del 99%, simbolizan el drama de los vecinos del edificio Pintos

27.09.2015 | 03:37
Marina y Pepe en su piso, con toda la documentación legal y los informes médicos. // FdV

La "condena" que pende sobre el edificio Pintos de Loureiro, en Bueu, se cierne más amenazadora que nunca. El Concello de Bueu comunicó hace una semana a los vecinos que viven en el inmueble que deben desalojar sus pisos antes del 2 de noviembre para poder ejecutar la sentencia de demolición parcial ordenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Un drama para los propietarios, entre los que hay cinco familias con integrantes con algún tipo de discapacidad. El caso más sangrante es el de Marina Sanmartín y su marido José Martínez.

En el vocabulario de Marina Sanmartín no existen palabras como rendición ni expresiones como tirar la toalla. No se rindió ni tiró la toalla cuando en noviembre de 2000 a su marido, José Martínez, le diagnosticaron un síndrome nefrótico [pérdida de proteínas] que le obligó a dejar su trabajo como oficial de cantería. Tampoco lo hizo en otro mes de noviembre de cinco años después, cuando Pepe sufrió un ictus y una enfermera le dijo, en un pasillo y de manera fría, que su marido no volvería a hablar y se quedaría en estado vegetativo. Marina y Pepe tampoco están dispuestos a rendirse ahora que la sentencia de derribo parcial sobre el edificio Pintos, en el que viven desde 1987, parece más cerca que nunca. "Queremos una justicia que sea justa. Ya teníamos todos los problemas como para que aún por encima nos venga uno que no buscamos", afirma desde su vivienda.

A Marina no le gusta hablar con los medios de comunicación, pero hace una excepción. "Quiero que toda esa gente que nos apoya desde un montón de sitios sepa que tenemos la razón y quiero agradecerles que nos estén apoyando de manera incondicional", argumenta. En la mesa del salón están las escrituras de compra venta del piso, las liquidaciones por el impuesto de plusvalías pagadas al Concello de Bueu en 1987, toda la documentación del Registro de la Propiedad, los recibos de la hipoteca que acabaron de pagar en el año 2000... Todo menos un papel en el que se les advirtiese de que el piso por el cual ella y su marido se hipotecaron tenía una suerte de pecado original, una infracción que derivó en la sentencia de derribo y de la que fueron desconcedores durante años. Si esa advertencia figurase en el Registro de la Propiedad probablemente este problema no existiría.

En la mesa también están todos los informes médicos de su marido, con una discapacidad del 99% y un un grado III de dependencia. Lo máximo. No se puede valer si no es con la ayuda de otra persona después del ictus que sufrió con 46 años. Aquel ictus llegó cuando la Seguridad Social, después de mucho pelear, había accedido a elevar su incapacidad total por el síndrome nefrótico hasta una absoluta.

"Nosotros formalizamos la reserva del piso el 4 de octubre de 1986 y nos vinimos a vivir el 1 de septiembre de 1987, hace ahora 28 años", recuerda mostrando toda la documentación. Llegaron ellos y su primera hija, que en aquel entonces tenía solo dos años. "Nunca supimos nada ni nadie nos dijo nada. El Concello, que nos avisaba para cobrar los impuestos, de esto no nos dijo nada", critica. Tanto es así que la comunidad de propietarios nunca se pudo personar en el proceso ni defenderse hasta que ya era tarde. "Fue una denuncia de un particular contra el Concello. Los que vivimos en este edificio somos gente del pueblo, que nos conocemos todos. Y los que no están aquí habitualmente han pagado como todos los demás", señala.

Su vida empezó a cambiar un día del año 1995. Una de las veces que Pepe regresó de jugar la partida en el restaurante Loureiro vino con una noticia que salía en la prensa: una sentencia de diciembre de 1990 que obligaba al derribo parcial del edificio en el que habían construido su vida y donde había nacido su segundo hijo. "Fuimos al ayuntamiento. Aún era Freire Lino el alcalde y nos dijo que nunca se iba a tirar el edificio, que primero se dejaba encarcelar", cuenta. Fue precisamente en su mandato cuando se dio licencia y se construyó el inmueble.

"Luego vino Xosé Novas, que nos decía que tampoco se tiraba, aunque durante algunos años y siempre por Navidad nos mandaba una carta en la que decía que teníamos que desalojar el 15 días. Tomás Barreiro nos decía que aprobarían el PXOM para resolver el problema. Todos, al igual que el alcalde de ahora, con buenas palabras y que intentarían llegar a un acuerdo con el demandante", recuerda. "Si intentaron un acuerdo con él es porque el ayuntamiento es culpable, no nosotros. Pero sin embargo seremos nosotros los que vamos a pagar", se queja.

Marina no se rindió cuando los problemas de salud se cebaron con su marido. A base de esfuerzo, sacrificio y con mucha rehabilitación privada ella y sus hijos lograron mejorar la calidad de vida de Pepe. Ella tuvo que dejar de trabajar durante las temporadas de verano y en la hostelería. Ahora viven de la pensión que cobra su marido.

"Yo no quiero caridad. Yo quiero mi vivienda. Nosotros compramos todo de manera legal, de buena fe y nunca nos dijeron que problema tenía este edificio. Ahora le tocó a este alcalde, pero todo esto es por culpa del Concello. Si nos van a echar de aquí nosotros queremos un nuevo alojamiento para vivir. No es caridad, es simplemente justicia", sentencia.

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