El conflicto por el retraso de la licencia para abrir la Conservera Iglesias en la antigua nave de Hermanos Cruz, en Moaña, llegó ayer al pleno municipal en donde una nutrida representación de trabajadoras mostró su malestar con el gobierno bipartito BNG-PSOE, al que culpa del bloqueo y reclamó la agilización de los permisos ya que si no están en veinte días la empresa podría perder la subvención y verse obligada al cierre. Las trabajadoras esperaron más de tres horas de pleno para poder transmitir su queja. Lo hicieron en el apartado de ruegos y preguntas, incluso después de que se acordaran dos recesos de varios minutos de duración para consensuar sendas mociones sobre el conflicto de los refugiados y los representantes en la Mancomunidad do Morrazo. Eran casi las doce de la noche y el pleno, que comenzó a las ocho de la tarde, continuaba en el punto de ruegos y preguntas.

Clara Seijas, en representación de las trabajadoras de Conservas Iglesias, leyó un escrito en el que acusaba al gobierno local de no querar otorgar la licencia poniendo en peligro los puestos de 90 trabajadoras. Asegura que cuando Conservas Iglesias, con nave en Cangas, adquirió la antigua fábrica de Hermanos Cruz, en Moaña, absorbió a las 30 trabajadoras, de las cuales 20 se fueron a la planta de Cangas pero 10 se quedaron en casa por falta de espacio y a la espera de la apertura de la nueva planta moañesa, en la calle Rosalía de Castro: "Llevamos esperando un año sin cobrar".

En el escrito, las trabajadoras aseguran que desde el Concello no se contesta a las peticiones de la empresa, de los días 2 y 3 de septiembre, solicitando informaciones y copias de los expedientes: "Cando van contestar ou non queren que as traballadoras poidan traballar?", preguntaron. También critican que el Concello realiza una paralización de las obras de reforma en la parte que es competencia dela Xunta, que no pide la paralización y añaden que desde el Concello se impide que Gas Natural realice una conexión en la vía pública "cando sen ese suministro non podemos empezar a traballar".

La alcaldesa, Leticia Santos, aseguró que no había mala intención y que están por la labor de conservar los 90 puestos de trabajo. En el mismo sentido se pronunció el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, que les explicó que el procedimiento de licencia está siguiendo la normativa, que ya remató el plazo de exposición pública del proyecto de legalización y que se presentaron tres alegaciones, que ahora la Xunta tiene que contestar "por lo que la pelota no está en nuestro tejado, y es la Xunta quien tiene que resolver". Les explicó también que la conexión de Gas Natural era cuestión de un día para otro, pero que para eso la nave tenía que tener la licencia de actividad y todo en regla. Fuentes de la empresa aclaran sin embargo que la nave ya tiene licencia de actividad porque es la misma actividad conservera que tenía antes y que lo único que falta es la licencia al proyecto de reforma. Odilo Barreiro insistió en que no había motivo de preocupación y que cuando estuviera resuelto el expediente se solucionaba de un día para otro lo de Gas Natural. Con respecto a la subvención, señala que desde el primer momento se ofrecieron a la empresa para acreditar el proceso que seguía la conservera con el fin de solicitar una prórroga si hiciera falta.

Por lo demás, el pleno volvió a dejar en evidencia al enfrentamiento entre el PP y el grupo de gobierno, con discusiones subidas de tono entre las concejalas populares Rosa Solla, que prácticamente actuó como portavoz, y Raquel Carro y la alcladesa, Leticia Santos y la teniente de alcalde socialista, Marta Freire, hasta el punto que hizo levantar al único concejal independiente, Javier Carro que calificó la situación de gallinero. Uno de los asuntos que generó también debate fue el de la reforma del Reglamento de Organización Municipal (ROM) y las alegaciones en contra que presentaron el PP y nueve vecinos, mediante una reclamación tipo, que fueron desestimadas con el informe del secretario municipal. En este debate volvió a salir la polémcia de las tres dedicaciones exclusivas que cobra el gobierno bipartito. Los populares pedían en sus alegaciones que conociendo la difícil situación de las arcas municipales, se modificara el artículo 35 estableciendo un tope de dos dedicaciones exclusivas que no superen los 24.000 euros. En estos momentos hay tres dedicaciones por importe de 35.000 euros distribuidos en 14 pagas. En su informe, el secretario desestima la alegación del PP en el sentido de que tanto las tres dedicaciones exclusivas como las cantidades aprobadas en la reforma del ROM en el pleno del 3 de julio, se ajustan a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Estado para 2014 que permite para los concellos con una población entre 10.001 a 20.000 habitantes una cantidad hasta 50.000 euros y no exceder de siete dedicaciones.

El debate de este asunto ya vino precedido de otro anterior para aprobar la cuenta general de 2014,. El portavoz del BNG, Odilo Barreiro defendió el voto a favor de su grupo proque cuadran los números, no porque apoyen la política de los últimos años que realizó el PP. El concejal Carro hizo un repaso pormenorizado de las cuentas de las que dijo que no le casaban, mientras que Rosa Solla salió del debate y de la defensa de su grupo con la caebza bien alta cuando respondió a barreiro que no era ella quien tenía que dar explicaciones de las cuentas, sino quienes estaban ahora gobernando: "Si no quieren estar, pueden dejar el gboierno", les llegó a decir a BNG y PSOE. Por su parte Marta Freire dijo que el problema de Solla es que no conocía las cuentas y que en el anterior gobierno, en el que ejerció de delegada de Hacienda, estuvo sólo de paso.