El Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL), dependiente de la Diputación, dejará de gestionar y cobrar los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en período voluntario de pago que tiene delegado por el Concello de Cangas desde hace 23 años. El gobierno tripartito (ACE, BNG y AspUn) hizo valer su mayoría en el pleno de ayer y sacó adelante la propuesta presentada por el concejal de Facenda, Mariano Abalo, aunque no tuvo respaldo de los demás grupos. PSOE y Cangas Decide optaron por abstenerse, mientras el PP votó en contra con el argumento de que el Concello perderá liquidez y la gestión catastral de la que ahora se beneficia como contrapartidas.

Abalo recordó que esa revocación de la delegación del cobro y la asunción del servicio por personal municipal es un compromiso electoral que piensan cumplir y además supondrá un ahorro económico a medio plazo para las arcas municipales. El socialista Alfredo Iglesias echó en falta los informes técnicos que justifiquen que ese ahorro es real y José Luis Gestido, de Cangas Decide, abundó en los mismos argumentos. El popular Pío Millán fue el más crítico y preguntó a Abalo si es consciente de que ese rescate conlleva perder la gestión catastral que se presta en la oficina canguesa del ORAL y si ha mantenido algún contacto con la jefatura territorial del Catastro para valorarlo, al igual que la renuncia a un anticipo mensual de 140.000 euros entre desde enero hasta agosto que ahora se recibe. Al edil de Facenda le bastó con el apoyo de sus socios de gobierno para sacar adelante la moción, cuyo acuerdo será remitido a la Diputación en los próximos días.

En una sesión muy concurrida, Mariano Abalo fue el concejal más activo de la noche, con varias propuestas relacionadas con las áreas de gobierno que tiene delegadas. En materia de Urbanismo, reclamó recuperar los terrenos de buena parte de la franja costera comprendida entre O Salgueirón y el paseo de Rodeira, que ahora se reparten varias administraciones. A Portos de Galicia le pide que elabore ya un plan de usos y espacios de su competencia y desafecte el entorno de la plaza de abastos, por la que el Concello paga un canon de 30.000 euros por ocupación del mercadillo. A la Autoridad Portuaria, recuperar 42.000 metros entre jardines y parte de la antigua conservera de Massó, y a Costas del Estado, hacer lo mismo por la franja del litoral desde O Señal hasta la Praza das Pontes. Logró el respaldo mayoritario, con la única abstención de Gestido en las dos últimas, aunque todos le reprocharon la ausencia de informes técnicos y de un procedimiento más riguroso y exhaustivo.

En la sesión plenaria también prosperaron, con distinto respaldo, propuestas para modificar la ordenanza de playas que posibilite el acceso de perros a alguna de ellas; para exigir que el nuevo hospital de Vigo sea 100% público y mejor dotado (el PP no entró en votación al no poder disgregar los puntos) y para construir el centro de salud para Aldán-O Hío en O Viso, así como la moción, enmendada, del PP para mejorar el servicio de Correos en el rural. La última intervención, una queja del popular Rafael Soliño por la ausencia de la bandera de España junto a las demás enseñas, derivó en alboroto.