Continúan las amenazas de multas coercitivas al alcalde de Cangas por el incumplimiento de sentencias judiciales. Si el lunes el alcalde tuvo que acudir a los juzgados de Cangas para retirar una notificación de multa coercitiva de 800 euros por la no ejecución de la sentencia que obliga al Concello de Cangas a dotar de armas a la Policía Local, el jueves llegó otro aviso de sanción de 300 euros por la inejecución de la sentencia que obliga al derribo de la planta de hormigón de A Portela.
Ya en el mes de marzo, la junta de gobierno de Cangas aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, de la demolición de la planta de fabricación de hormigón fresco y nave de almacén de A Portela, propiedad de Luis Barros. En la junta de gobierno del 27 de enero ya se había probado el inicio de expediente de contratación para la demolición de la planta, redactado por Alfonso Lage Pérez y que asciende a un presupuesto de 52.206 euros.
El día 4 de marzo de 2015, la secretaria emitió su informe respecto al procedimiento que se debe aplicar y el día 23 de enero de 2015, la interventora realizó la retención de crédito oportuna. La junta de gobierno aprueba el día 9 de marzo autoriza el gasto para la contratación de la obra y aprobar el pliego de condiciones administrativas y se acuerda solicitar a tres empresas presupuestos.
El Juzgado Número 1 de Pontevedra señala que el retraso en la tramitación de la forma de legalización, al dilatarse en exceso la obtención de los preceptivos informes sectoriales para proceder a la aprobación provisional del documento de modificación puntual de las normas.
El Concello de Cangas ya aprobó de forma definitiva la modificación puntual, tras los correspondientes informes a favor de la Xunta. En eso se va a basar el alcalde para alegar la multa coercitiva. Y aún quedan por llegar más.
