La corporación de Bueu rechazó ayer en sesión plenaria y por unanimidad la pérdida de funciones del Registro Civil en beneficio de los Registros Mercantiles, tal y como se recoge en algunas de las disposiciones del Real Decreto Ley de aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. La iniciativa, presentada por el concejal del PSOE José Castro, contó con el respaldo del BNG, PP y de la edil no adscrita, Laura Ogando.

En su argumentario, Castro apuntó que gestiones que hasta ahora se hacían en el Registro Civil o el Juzgado de Paz se pasan ahora a los registros mercantiles, lo que supone "alejar los servicios públicos de la sociedad", además de abrir las puertas "a la privatización del Registro Civil, ya que el Mercantil es, a todos los efectos, privado". Y criticó el hecho de que esta modificación se "metiese con calzador", en un Real Decreto voluminoso y con cuestiones que afectaban hasta a ocho ministerios.

Fue lo más llamativo de un pleno de trámite que suponía el regreso a las sesiones después del parón de agosto. Los grupos políticos aprobaron también un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar facturas por valor de 34.140 euros. Según explicó el edil de Facenda, José Cuervo, correspondían a facturas de 2013 que fueron presentadas en 2014. PSOE y PP se abstuvieron.

También hubo abstención de PSOE y PP en el siguiente punto del orden del día, el de la aprobación definitiva del estudio de detalle en la urbanización de As Lagoas. La figura se adoptó para regularizar una modificación realizada cuando se ejecutó el proyecto en la calle Jesús López Cortizo, a fin de equilibrar la rasante de este vial con otro colidante. Para ello se elevó la rasante, algo que ocasionó la denuncia de un particular. Ahora, el concello opta por esta vía para ajustarse completamente a la legislación. Se aprobó el punto con los votos a favor de BNG y de Laura Ogando.

La edil no adscrita presentó una moción para que el concello buenense se mostrase opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que negocian la Unión Europea y Estados Unidos, por considerar que "pone en peligro los servicios públicos" y porque "solo responde a unos intereses económicos sin respetar las necesidades humanas en todos los lugares". Con los votos a favor de BNG, PSOE y de la propia Ogando se aprobó declarar al concello "insumido" al tratado y pedir al Ministerio de Administraciones Públicas a que ayudae a mantener públicos los llamados servicios sociales útiles. El Partido Popular votó en contra.