Bueu no llevará a pleno el nuevo convenio con Sogama. El gobierno local buenense despejó ayer definitivamente una incógnita que se mantenía desde hace meses, pendiente de un informe jurídico de la Secretaría Municipal para su resolución. La decisión significa que el ayuntamiento quiere seguir manteniendo su "estatus actual" y abonará las facturas de Sogama tal como lo venía haciendo hasta ahora, a través de la Mancomunidade do Morrazo. No es la única decisión adoptada por el gobierno del nacionalista Félix Juncal, que a su vez pedirá la intervención del ente supramunicipal para que solicite al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) una revisión de las retenciones practicadas a los ayuntamientos y que cierre el conflicto abierto con Cangas.

Estas dos decisiones fueron comunicadas ayer y el alcalde buenense tiene previsto reunirse el martes con el resto de portavoces municipales de la oposición para explicar los argumentos empleados. Félix Juncal y su concejal de Facenda, José García Cuervo, descartaron ayer de manera tajante durante una comparecencia conjunta la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con Sogama e insistieron en que la relación con la empresa seguirá regulándose por el convenio de 2004. "Ese acordo segue en vigor e para que se anulase terían que producirse dúas circunstancias. En primeiro lugar, un pronunciamento por parte do pleno do Concello de Bueu para reasumir o tratamento e xestión dos residuos. E en segundo lugar, para que ese acordo fose eficaz deberíamos asinar un novo convenio con Sogama", sostiene el regidor, que ayer fue muy claro a la hora de negar cualquiera de esos dos pasos.

Juncal eludió en todo momento referirse o valorar las decisiones adoptadas por Cangas y Moaña a este respecto, que recientemente suscribieron el nuevo convenio con Sogama. El alcalde buenense se escudó en el amplio y documentado informe elaborado por la Secretaría Municipal, en el que incluso alude a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para justificar la decisión de Bueu de seguir rigiéndose por el convenio de 2004. Y es que los técnicos municipales son muy claros a este respecto: si se opta por resolver ese acuerdo de hace una década, que se firmó siendo precisamente Juncal presidente de turno de la Mancomunidade, lo que procede es acudir a una nueva licitación, ya fuese a través de un concurso público abierto o través de un procedimiento negociado.

El informe técnico insiste en que esa nueva relación contractual está sujeta a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLSCP) y descarta de manera meridiana una posible adjudicación directa. Eso sólo sería posible en el caso de que el Concello de Bueu tuviese sobre Sogama "un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios". Dicho de otro modo, el ayuntamiento sólo podría contratar directamente con Sogama, que es una empresa mixta con mayoría de capital público, si tuviese el control sobre la misma o una relación de prevalencia, que es la que sí tiene la Xunta de Galicia.

Ante esta situación, Juncal y Cuervo concluyen que "non se dan os requisitos para unha adhesión directa a Sogama" y por ello recalcan que Bueu seguirá ateniéndose al convenio firmado en 2004. Esto significa que el ayuntamiento abonará el coste del tratamiento de los residuos tal como lo venía haciendo hasta ahora, que es a través de las facturas que Sogama remitía a la Mancomunidade y que luego el ente supramunicipal entregaba a los municipios.

En realidad Bueu disponía de una segunda posibilidad, tal como se deduce del informe de Secretaría Municipal y que pasaría por licitar el contrato de tratamiento de los residuos para que Sogama o cualquier otra empresa del ramo optase al mismo. La razón por la que se descarta esta opción también se explica en parte de los argumentos del informe técnico, en el que se habla de una "alteración competencial". Desde Bueu entienden que a fecha de hoy no existe causa "obxectiva" para esa alternativa porque no se modificaron los estatutos de la Mancomunidade, unos estatutos en los que figura que los ayuntamientos le ceden las competencias en esta materia. "Tería que haber unha modificación nos estatutos e a continuación un acordo plenario de cada un dos concellos", explican Juncal y Cuervo.

Hay una segunda razón, mucho más pragmática, que explica la decisión de Bueu de continuar bajo el paraguas del convenio de 2004. Una nueva licitación en la que Sogama no fuese la adjudicataria podría obligar a separar los residuos de cada concello en la planta de A Portela y podría afectar incluso al contrato con Recolte. Pero ese pragmatismo también esconde algo de sentimentalismo porque en el fondo es una manera de mantener viva la Mancomunidade do Morrazo.