La censura de ACE a la labor que realiza Rafael Soliño al frente del área de Urbanismo de Cangas, así como la "incompatibilidade moral" con el cargo, fue contraatacada en el pleno de ayer por el edil del PP en el gobierno, que rechazó todas las acusaciones de irregularidades y de usar una doble vara de medir a la hora de aplicar sanciones, como le recriminó Mariano Abalo. Tras defenderse, acusó al edil de ACE de una deficiente gestión cuando ocupó el mismo cargo municipal, de dejar en herencia asuntos sin resolver y de haber cargado a las arcas municipales no sólo los 1.836 euros que, según aseguró, cobraba mensualmente Abalo, sino también de contratar asesoramiento externo de varios profesionales cuyos salarios sumaban más de 127.000 euros al año, "ao marxe das pagas extras" y de partidas para "empresas amigas", citando a "Oitava Illa". Abalo sostuvo que si contrató asesores externos al Concello era porque el departamento de Urbanismo "estaba podre" tras el paso del PP y señaló que las cantidades citadas por Soliño están infladas.

La polémica surgió en el primer punto del orden del día, una moción de ACE reprochando la tibieza de la concejalía de Urbanismo ante las denuncias vecinales sobre supuestas infracciones y las "disfuncións" en este departamento. Abalo reclamó actuar de inmediato para resolver en un plazo "inexcusable" de diez días varias denuncias de mayor calado, crear una comisión de investigación sobre el funcionamiento de esa área municipal y entregar "de inmediato" una relación de licencias concedidas y expedientes de infracción tramitados en el actual mandato, además de inscribir en el Registro de la Propiedad todas las infracciones cometidas en Cangas y abrir un libro de registro municipal con esa misma finalidad. BNG y PSOE respaldaron la moción, aunque con distinta intensidad.

Soliño definió el trabajo de su departamento con tres palabras: "seriedade, rigor e transparencia". Repasó los expedientes urbanísticos referidos por ACE y las medidas adoptadas por el Concello, citando multas coercitivas y licencias revocadas o caducadas en los casos en los que era procedente, mientras en otros, como el de una vivienda en O Hío, se notificaron los hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, sin que detectara ilegalidad alguna, sino "unha liorta entre veciños". Detrás de todas esas denuncias, incidió Soliño, está "un suposto asesor urbanístico de Vigo do que vostede é axente comercial e tentou contratar cando era concelleiro. Menos mal que llo impediron BNG e PSOE", celebró.

Abalo insistió en crear una comisión de investigación para aclarar todos los expedientes urbanísticos sospechosos para "eliminar dúbidas" y evitar que se legalicen a través del Plan Xeral. De paso, se aclararía esa supuesta "incompatibilidade moral, se non é tamén doutro tipo", en la que podría incurrir Soliño, quien defendió su derecho a ser concejal "sen cobrar un duro" y ejercer su labor profesional en Cangas y en otros municipios.

El responsable municipal de Urbanismo también criticó que Abalo, a pesar de precederle en el cargo, desconozca la existencia de un libro de registro "desde 1994". Al margen del cruce de acusaciones, el edil de ACE trasladó una serie de preguntas, por escrito, con la intención de que la Secretaría municipal las responda a corto plazo.

Con la abdicación de Juan Carlos I y la entronación de Felipe VI aún frescas en la memoria, la dicotomía Monarquía-República se visualizó en la sesión plenaria de anoche en Cangas con dos mociones, presentadas por BNG y ACE, que se debatieron y votaron conjuntamente y con idéntico resultado, ya que a la esperada negativa del PP y su socio de gobierno, Faro Lagoa, a celebrar un referéndum se unió el PSOE, que defendió su vocación republicana y federalista pero dar pasos "dentro da lei e dun orden", calificando las peticiones de "oportunistas".

ACE y BNG se quedaron solos al defender sus postulados, que parten del "dereito a decidir" de la población y a cuestionar un "réxime medieval" como ejercicio propio de la democracia, insistieron Xosé Manuel Pazos y Héitor Mera, aunque el edil del Bloque puntualizó que ellos no ven en el Estado, sino en las "nacións" que lo integran, los titulares de ese derecho. El PP, a través del edil Pío Millán, dijo que la validez de tal referéndum sería "nula" si no va precedida de una reforma constitucional. Mientras, el retrato de Juan Carlos I seguía presidiendo el pleno, aunque el alcalde se comprometió a cambiarlo por el de Felipe VI.