El BNG considera que la implantación futura de Mercadona en Cangas dañará más al pequeño comercio y sostiene que el gobierno local no puede apoyar la apertura de un hipermercado solo con la excusa de la creación de 40 puestos de trabajo. En este sentido, el BNG señala que el pequeño comercio de Cangas tiene que luchar contra las grandes superficies comerciales al mismo tiempo que por parte de las administraciones que gobiernan se les sube el IBI y el IVA, además del agua y las tasas e impuestos municipales. "Todo isto supón unha barreira insalvable para moitos pequenos negocios que inevitablemente terán que pechar e despedir a moit@s empregad@s nun número maior que os futuribles postos da grande empresa que eles defenden", señala la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez.

La edil nacionalista recuerda los trámites que el gobierno de Sotelo arpobó en el mes de febrero del año pasado para la desafectación de un camino público, "el camino do Meiral", para unificar parcelas de los empresarios que promueven la implantación del hipermercado. Menciona que el BNG votó en contra del trámite porque considera que ese no es el camino: premiar y facilitar las cosas a las grandes empresas, mientras el pequeño comercio no recibe ayuda y se le ponen dificultades, como los últimos acontecimientos que impidieron la celebración de actos organizados en O Eirado do Sinal y rúa Sol por culpa del concejal socio del PP en el gobierno, Nardo Faro Lagoa.

El BNG hace un llamamiento a la ciudadanía de Cangas para que contribuya a ayudar al pequeño comercio comprando en estos establecimientos.

Por otra parte, el BNG se muestra muy crítico con la adopción del acuerdo plenario respecto a la modifiación de la condiciones de crédito de pago a proveedores. Considera que las condiciones que impone el Estado para ampliar un año el periodo de carencia del crédito y una reducción de los intereses son muy criticables. Afirma que la adhesión al Punto de Entrada de facturas es una obligación para controlar directamente las facturas y puede servir para dar instrucciones concretas de a quién se paga prioritariamente y también porque se pueden registrar facturas no admitidas o con errores por parte del proveedor que el concello rechace. También señala la portavoz nacionalista que las condiciones impuestas impiden que el ahorro que se puedan generar vaya destinado a inversiones o al refuerzo de servicios públicos básicos, sino que se obliga a destinarlo a la reducción de deuda.