"Operación Embrujo"

Pilar Pérez negocia con el fiscal y la acusación particular una sentencia de conformidad

El juicio fue fijado para el día 24 en la sección cuarta de la Audiencia Provincial »La acusada reconocería los hechos y asumiría la responsabilidad civil »Estuvo casi 4 años en prisión preventiva y la pena máxima es de seis

13.06.2014 | 01:52
Pilar Pérez, a la entrada de los juzgados de Cangas, en 2011.

Ya hay fecha para el juicio a Pilar Pérez (54 años), la empresaria de Bueu que está acusada de estafa piramidal por valor de 2 millones de euros a clientes de la gestoría que tenía abierta en Cangas y en Marín. La detención se produjo dentro de la operación "Embrujo", que era como se llamaba la tienda que tenía en Cangas. El juicio se fijó para las 10.00 horas del próximo día 24 de junio en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Pero existe la posibilidad de que los afectados por la estafa, tanto en los seguros como en los fondos de inversión y la acusada firmen una sentencia de conformidad, en la que Pilar Pérez reconocería los hechos que se le imputan y asumiría toda la responsabilidad civil. A raíz del informe patrimonial que se realizó en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, además de un delito continuado de estafa se le imputaron otra serie de ilícitos penales por su relación con los mismos hechos, como son falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio (por construir un chalet sin la licencia preceptiva) y desobediencia grave (negarse a paralizar la obra cuando fue requerida).

En estos momentos el abogado de la defensa, los cinco abogados de la acusación particular y el fiscal tratan de llegar un acuerdo. Siempre existe la posibilidad de que Pilar Pérez se declare insolvente para hacer frente al millón de euros que ahora le solicita la acusación particular, que tratarían de buscar en el patrimonio de Pilar Pérez el dinero para recuperar, al menos, una parte de la inversión que realizaron los afectados, una cifra que varía. La Guardia Civil, tras la detención de Pilar Pérez en octubre de 2009, mencionó que el número de estafados eran de 12, pero en una reunión de afectados suscribieron una denuncia conjunta 20 personas, la mayoría relacionada con los seguros de vehículos.

Pilar Pérez se encuentra en libertad desde el mes de agosto del año pasado, cuando faltaban dos meses para cumplir los 4 años de prisión preventiva. La decisión contaba con el informe favorable del fiscal a la petición que había formulado su abogado de oficio, teniendo en cuenta que la petición de cárcel por estafa no superaba los seis años en prisión, porque ya había cumplido más de la mitad de una presunta condena. En el acuerdo de conformidad se negocia precisamente si Pilar Pérez tendría que regresar a la cárcel en régimen de tercer grado por un corto periodo de tiempo o ya no entrar en ella.

El 19 de octubre del año 2011, el por entonces titular del juzgado número 3 de Cangas, Alejandro Couselo, prorrogó por dos años más la prisión cuando se cumplían los dos años de prisión preventiva. El juez alegaba riesgo de fuga y fijaba una fianza de 1.125.000 euros.

Ahora el riesgo de fuga ha disminuido. Pilar Pérez se casó por amor y en segunda nupcias cuando cumplía condena en la cárcel de A Lama. Lo hizo con uno de los condenados por el crimen de Cabral, José Alejandro G.T. La boda se celebró el 14 de mayo del pasado año.

Ayer se mostraba tranquila. Recordaba que ella había estado cuatro años en prisión preventiva, mientras que muchos políticos a los que se les acusa por llevarse más dinero que ella están aún el libertad o estuvieron muy poco tiempo detenidos. Tras cambiar de nuevo de abogado, Pilar Pérez afirma que no le importaría regresar a la cárcel, que allí es donde tiene su amor.

El caso de Pilar Pérez tuvo gran repercusión en O Morrazo. Era una persona muy conocida y respetada. Tenía una agencia en Cangas y otra en Marín, además de una tienda denominada "El embrujo" en una calle céntrica de Cangas. Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron a tenor de una demanda presentada en el juzgado número 3 de Cangas por un vecino de esta localidad, cuando se percató de que había sido engañado en el trámite de unos fondos de inversión por un valor de 726.000 euros.

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