Los vecinos del edificio Pintos, en Loureiro, han comenzado a dar pasos para defender sus propiedades, amenazadas por una sentencia firme del Tribunal Supremo que ordena el derribo parcial del inmueble. La comunidad de propietarios presentó ante la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un escrito en el que solicitaba la suspensión cautelar de ese fallo, al menos durante un periodo de un año, que es el plazo en el que esperan que se apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
La esperanza de los vecinos es que el nuevo planeamiento sirva para corregir el error cometido en su día y fije una nueva alineación para evitar la invasión de espacio público que motivó la denuncia. La sentencia establece una orden de demolición parcial que implicaría la supresión de ocho de los 19 pisos del edificio, pero en realidad afectaría a otros siete más y de paso a la estructura del edificio. Esta situación se advierte también claramente en el proyecto técnico de demolición, que advierte de la posibilidad de un "colapso general" que provocaría la demolición completa del edificio Pintos.
El TSXG dio traslado de la petición de la comunidad de propietarios al Concello de Bueu, que llevó el asunto a la última reunión de la Xunta de Goberno Local. La postura municipal respalda el planteamiento de los vecinos afectados y comparte la petición de suspensión "en base a que la demolición proyectada tendrá, como no puede ser de otro modo, una significativa y notable incidencia sobre lo que no deja de ser el domicilio habitual de numerosos núcleos familiares que se verán gravemente afectados por tal actuación". Además también se reconoce que esa demolición será "bastante superior a la que estrictamente necesaria para tener ejecutada la sentencia".
Por otro lado, desde el ayuntamiento entienden que no se trata de una suspensión indefinida o sine die, sino que se acota un plazo temporal de un año. "Dado el avanzado estado de tramitación que presenta el PXOM, parece más que suficiente para que tenga lugar la aprobación definitiva", argumenta el Concello de Bueu ante la sección segunda del TSXG.
El proyecto técnico encargado por el consistorio para dar cumplimiento a la sentencia implicaría el derribo de una superficie de 1.806 metros cuadrados. Este espacio se repartiría entre las doce plazas de garaje del sótano, a tres de los cuatro pisos de la planta baja y a cuatro de las cinco viviendas que existen en cada una de las tres plantas superiores.
