La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) presentó un recurso contencioso contra el Concello de Cangas para obligar al gobierno municipal a dotar de armas a los agentes de la Policía Local. El recurso fue presentado en los juzgados de Pontevedra la semana anterior a Semana Santa y lo que se persigue exactamente es obligar a las autoridades locales a que cumplan la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, concretamente su artículo 11 y el decreto que lo acompaña. En él se hace mención a que "Los policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el armamento reglamentario que se les asigne, de acuerdo con la normativa vigente en materia de armamento". En el apartado dos del citado artículo se añade que 2 el alcalde podrá decidir, de forma motivada, los servicios que se presten sin armas, siempre que no conlleven un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física del funcionario o de terceras personas. No obstante, los servicios en la vía pública y los de custodia se prestarán siempre con armas" y el apartado 5 dice textualmente. "A fin de garantizar una adecuada preparación en el uso del arma, los ayuntamientos promoverán la realización del número anual de prácticas de ejercicio de tiro que reglamentariamente se determine". La mayoría de los policías de Cangas están adscritos al CSI-F desde hace dos años, antes en este cuerpo era mayoritario el Sindicato de Policías.

Los promotores de la denuncia recuerdan que el Servicio Nocturno de la Policía Local de Cangas presta servicio sin pistola. Fuentes del sindicato señalan que lo que se quiere es que el gobierno cumpla la ley y como no lo hace, "porque non quere ou non se atreve" que sea un juez el que decida.

Ya antes de que el concejal de Obras y Servicios, el independiente y socio del PP en el gobierno de Cangas, Nardo Faro Lagoa, anunciase su intención de presentar una iniciativa en el último pleno ordinario para retirar la pistola al único agente que dispone de arma en Cangas, el citado sindicato estaba estudiando las posibilidades de presentar un recurso. Fue la postura de Nardo Faro Lagoa la que animó más al CSI-F y la semana anterior a Semana Santa presentó el recurso contencioso. Dentro del sindicato no se esconde que la denuncia es una consecuencia directa de la postura del edil, que prosiguió este mandato su pugna con la policía de Cangas, aquella que había comenzado en 2002, cuando ejercía como concejal de Policía. Este enfrentamiento terminó en los tribunales. Nardo Faro acusó a tres policías de atentado contra la autoridad, pero el juzgado número 3 de Pontevedra y la Audiencia Provincia, después los absolvió.

De nada valió que el alcalde, a última hora, convenciera a Nardo Faro para que declinase su actitud de abordar el asunto del armamento de la policía en el último pleno.