Todos los operadores jurídicos y las instituciones de la ciudad se niegan a que Vigo pierda competencias y quede tras la reforma del sector como sede "subordinada" de la capital de provincia. Hay unanimidad al respecto y los datos estadísticos avalan de forma inapelable que por demografía, peso económico y volumen de asuntos Vigo debe continuar como sede judicial autónoma con plenas atribuciones.
Los jueces de Vigo aprobaron en 2012 una propuesta de demarcación judicial para Vigo que incorporaba los partidos judiciales de Tui, Porriño, Ponteareas y Cangas. Puesto que el anteproyecto de Gallardón apuesta por un modelo uniprovincial, solo cabría esperar un tribunal de instancia con sede en Pontevedra y, en caso de que se reconozca la excepcionalidad de Vigo, un segundo tribunal de instancia para todo el sur provincial.
La propuesta de la Junta de Fiscales del Área de Vigo es más concreta y proponía esta semana dotar a Vigo de una sede judicial autónoma cuya extensión se corresponda con los 14 municipios del área metropolitana y atienda a 535.000 habitantes, frente a los 341.000 del actual partido judicial. El resto de Pontevedra se organizaría en tribunales de instancia de ámbito infraprovincial para garantizar la proximidad del servicio a los ciudadanos.
