La junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo celebrada ayer -que fue la primera presidida por el alcalde de Moaña, José Fervenza- sirvió para dejar claro, entre otras cosas, el plan de pago suscrito con Sogama para saldar definitivamente la deuda acumulada por el tratamiento de la basura. En estos momentos, y descontada la parte que se asumió con el plan estatal de pago a proveedores, los Concellos de la comarca deben 2,8 millones de euros a la empresa de Cerceda. Tendrán que abonar cada mes, a partir del próximo 15 de marzo, una cuota global que varía entre los 22.551 euros del presente ejercicio y los 49.580 euros mensuales del año 2015. El plan de pagos se extiende hasta diciembre del año 2020. Cada Concello pagará en función del porcentaje de esta deuda que le corresponde, corriendo Cangas y Moaña con la mayor parte de la misma.

A partir de 2016 la presión sobre las arcas municipales a este respecto se reduce, moviéndose las cuotas mensuales entre los 31.000 y los 36.000 euros.

En lo que respecta al convenio individual entre cada Concello y Sogama que debe regir las condiciones del tratamiento de la basura, de momento solo Moaña y Cangas aprobaron su firma en pleno. Bueu sigue pendiente del informe jurídico para saber si es necesario o no sacar a concurso este contrato.

En lo que sí existe acuerdo es en aceptar el contrato sobre el abono de los costes de operación de la planta de transferencia de A Portela. El transporte de la basura a las instalaciones de Sogama y el primer tratamiento que se hace en A Portela supondrá a partir de ahora un pequeño ahorro a la arcas de los Concellos. La empresa de Cerceda se compromete a pagar a la Mancomunidade 4,7 euros por cada tonelada de residuos que reciba. De todas formas, se trata de un descuento mínimo, teniendo en cuenta que le cobra a los Concellos unos 70 euros por tonelada incluyendo el IVA.

En cuanto a la reclamación de Cangas y Moaña para que Bueu les devuelva 70.000 euros por un error en el pago de la deuda con Isolux, las tres partes acordaron concertar una reunión entre los técnicos municipales y los del organismo comarcal con el objetivo de determinar correctamente la cantidad y establecer el cauce a seguir para esta reclamación.