La Inspección de Trabajo se ha pronunciado ya sobre las denuncias presentadas por el comité de empresa de Transa acerca de las condiciones en las que se encuentran las bases del servicio de ambulancias del 061 en Bueu, Marín y Pontevedra. El dictamen de la inspección avala las quejas de los trabajadores y concede a la empresa 20 días para resolver las deficiencias detectadas o incluso cambiar la ubicación de las sedes.

Esta resolución llega cuando el conflicto laboral que se prolonga desde finales del año pasado está en vías de resolución. El anterior propietario de Transa, Benito Mirazo, vendió la empresa a mediados de marzo a Ambulancias del Salnés, un cambio que ha propiciado una vía de entendimiento entre los trabajadores y los nuevos propietarios. Ayer mismo las dos partes mantuvieron una nueva reunión en la que los responsables de la compañía solicitaron más tiempo para subsanar las deficiencias detectadas. El presidente del comité de empresa, Alfonso Boullosa, se mostró comprensivo con esa petición y a la vista de la "buena predisposición" de la parte empresarial adelantó que los trabajadores no pondrán impedimentos.

La demanda de los trabajadores sobre las lugares de trabajo hacían referencia a las deficiencias en las condiciones de habitabilidad, higiene o seguridad. Entre lo más llamativo destaca que los técnicos de Marín deben compartir los baños con varios locales comerciales o la presencia de barrotes en las ventanas de la de Bueu. La empresa debe valorar las mejoras a realizar y es probable que en alguno de los casos, como en Bueu, le compense buscar una nueva base operativa.

La reunión de ayer fue más allá de este asunto y sirvió además para sentar las bases de un principio de acuerdo sobre las reivindicaciones laborales de la plantilla. Según explica Alfonso Boullosa, las nueva propiedad acepta recuperar el cuadro laboral del año 2011 y cambiar el cuadrante de vacaciones. También se habló de las demandas judiciales presentadas por las horas de presencia y la conocida como paga extra de marzo. La dirección de la empresa presentará en los próximos días una propuesta para afrontar estas dos cuestiones y poner fin a las continuas vistas judiciales. Los tribunales ya se pronunciaron sobre la paga de marzo con una sentencia en la que daban la razón a los empleados, un fallo judicial contra el que no cabía recurso y que los representantes sindicales entienden que puede sentar jurisprudencia.

Empresa y comité se volverán a reunir el lunes por la tarde y a última hora habrá una asamblea de los trabajadores para analizar las propuestas de la dirección. No obstante, de momento no se contempla desconvocar la huelga indefinida que mantiene la plantilla desde el pasado 9 de diciembre. Esa desconvocatoria podría producirse a finales de mes si finalmente se rubrica un acuerdo que parece bien encaminado. La huelga en realidad no está teniendo consecuencias sobre el transporte de urgencias sanitarias en Bueu, Marín y Pontevedra porque la Administración decretó unos servicios mínimos del 100%.