Nueva sentencia alrededor del gimnasio Sport Club, ligado al socio de gobierno del Partido Popular en Cangas, Nardo Faro Lagoa, y sobre el que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En esta ocasión, el fallo judicial es del juzgado contencioso número 1 de Pontevedra, que desestima el recurso de la comunidad de propietarios de la rúa Atranco, que fue quien denunció la situación del gimnasio. La comunidad había presentado recurso contra el acuerdo de la junta de gobierno local de 30 de abril de 2012, en el que se denegaba licencia para colocar unos portales en la citada calle, por entender que existía dudas razonables sobre la titularidad privada de una de las parcelas, en la que se pretende situar uno de los citados portales. El concejal Nardo Faro Lagoa figuraba en la causa como codemandado.

El gobierno municipal afirma que la titularidad pública del camino quedó demostrada a través de planos remitidos por la Gerencia Territorial del Catastro, del inventario de bienes municipales en el que aparece grafiado e identificado con el nombre de 1ª Travesía Atranco, y bajo el que discurre una línea de alta tensión, así como a través de los informes del inspector de obras municipal de 27 de abril de 2011, en el que se advierte que el citado vial estaba asfaltado, "actuación que foi levada acabo polo Concello de Cangas, evidenciando que conta, ademáis con rede de abastecemento e saneamento, e o da Policía Local de Cangas, no que se advirte á Comunidade de Propietarios que o vado solicitado para ese camiño debería estar colocado na entrada do garaxe e non na entrada da rúa".

Por lo tanto, el juez entiende procedente la denegación de la licencia por parte del Concello, con el fin de evitar la consolidación de una situación contraria al ordenamiento jurídico.

No hay que olvidar que la sentencia del TSXG considera principal el hecho de que el acceso al complejo deportivo se realizara por una servidumbre de paso. Incluso después de la modificación del proyecto presentada por los propietarios, el TSXG fallaba que la parcela seguía sin tener contacto inmediato con la calle Atranco, y tampoco aparece que parte del espacio inmediato a la avenida de Ourense, y que está ocupado por otra edificación, se haya convertido urbanísticamente en espacio libre, "como hemos dichos ya en nuestro auto dictado en la ejecución y hemos de repetir ahora, a la vista del nuevo proyecto de legalización. En fin, no hay resultancia e autores de conversión urbanística alguna. la edificación tampoco cuenta ahora con acceso por vía pública pavimentada, sigue sin tener la convicción de solar", asegura en noviembre de 2011 el TSXG. Sin embargo, este nueva sentencia del juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra puede dar un giro radical a la situación.

El juez del contencioso número 1 de Pontevedra, respecto a las demás sentencias judiciales que se aportaron en esta causa señala que "tan solo aluden a que el terreno al que se refiere la licencia anulada no tiene la condición de solar, no existiendo contacto con la calle Atranco, haciendo referencia a una zona de acceso a la parcela desde la calle Atranco, si bien no se especifica nada respecto de la titularidad del vial mencionado y objeto del presente recurso contencioso administrativo, ni se desvirtúa con el dato relativo a los linderos contenidos en la escritura de propiedad de la parte codemandada, de fecha de 2 de octubre de 2011, en la que se indica que por su viento Oeste linda con camino por donde tiene su entrada, cuando prueba testifical practicada en juicio parece indicar que referida propiedad linde por el viento norte con el camino o vial que se refiere el presente recurso contencioso administrativo".

Esta sentencia puede ser una esperanza para Nardo Faro Lagoa y también para el alcalde de Cangas. No hay que olvidar que el TSXG ya ordenó que se ejecutara el derribo del gimnasio e incluso el gobierno municipal aprobó un proyecto de demolición. Además, en diciembre del pasado año el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, se vio obligado a cobrar la paga extra para hacer frente a una multa coercitiva impuesta por el TSXG. Había renunciado a cobrar la extra para solidarizarse con los funcionarios que no la iban a percibir por los recortes de Rajoy.