La juez archiva el caso de la trama investigada por regularización ilegal de magrebíes en Cangas

Asegura que "no parece debidamente justificada la perpetración del delito" - El fiscal afirma que no hay prueba de que Carmen Molanes y José Losada actuaran en previo concierto con los organizadores de la entrada de extranjeros en España

30.05.2013 | 07:37
Carmen Molanes, en una imagen de archivo. // TVG
Carmen Molanes, en una imagen de archivo. // TVG

La titular del juzgado número 3 de Cangas, Sonia Martín Platas Seoane, dictó el pasado día 14 de mayo el auto por el que se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta hace cuatro años contra Carmen Molanes (la portuguesa), como principal imputada, su hija Raquel Lahera Molanes, el novio de ésta, Pedro Pablo Freire; Sara Rial, Marcial Varela Santomé y el ya exjefe del negociado de Estadística del Concello de Cangas, José Losada, a los que se les acusaba formar parte de una red de legalización de inmigrantes con documentación falsa que operaba en las provincias de Pontevedra y A Coruña. La Guardia Civil detuvo el día 1 de octubre de 2009 a José Losada en el propio Concello de Cangas y a Carmen Molanes. en su domicilio. Ambos prestaron declaración ese día en el juzgado y quedaron en libertad con cargos. La juez considera que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito. Se les acusaba de un delito de falsedad documental y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La Guardia Civil aseguraba que los detenidos formaban parte de la punta del Iceberg de un complejo entramado dedicado a la regularización ilegal de extranjeros. Tuvieron que pasar cuatro años y muchas declaraciones de ciudadanos marroquíes, supuestamente regularizados de manera ilegal, para que se decretara el sobreseimiento.

El Fiscal señala que inicialmente los hechos podrían calificarse como delito de favorecimiento de la inmigración clandestina de estos extranjeros en España, "sin embargo, del análisis de los resultados ofrecidos por la diligencias de instrucción practicadas se colige, por el contrario, que no queda debidamente justificada ninguna infracción penal, por lo que, al amparo de lo establecido en el artículo 641.1 de Ley de Enjuiciamiento Criminal procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa respecto de todos los imputados".

Así, respecto a Carmen Molanes, a la que se atribuía declarar falsamente ante el funcionario del negociado de Estadística del Concello de Cangas, José Losada, el Fiscal indica que "no hay prueba de que Carmen Molanes actuara en previo concierto con los organizadores de la entrada de los extranjeros en España, resultando más bien que se trata de un favorecimiento del inmigrante y no de la inmigración, por lo que tal conducta es penalmente atípica. De otra parte, en lo referente al posible delito de falsedad, también se trata de una conducta atípica. Además, la pretendida declaración simulada que se imputa a Carmen Molanes tampoco está debidamente acreditada, pues existe un informe de la Guardia Civil sobre los lugares donde residieron los extranjeros, que viene a corroborar las manifestaciones de aquélla ante el funcionario de Estadística". También niega el fiscal que haya pruebas de que Carmen Molanes ofreció contratos de trabajo a extranjeros, imputación ésta que se realizó también a su hija a su novio y a Sara Rial González y Marcial Varela Santomé. Asegura que los hechos que se les imputa no son penalmente relevantes y que a mayor abundamiento "la prueba documental de tal fraude no era clara pues los imputados en sus declaraciones como tales niegan los hechos y no se cuenta en la causa con los expedientes originales". En cuanto al funcionario José Losada, el fiscal señala que emitía informes haciendo constar los domicilios donde residían los extranjeros y la fechas de permanencia en ellos, recogiendo lo que manifestaba Carmen Molanes. "Pero no existen indicios de que tales declaraciones sean simuladas. Cuestión diferente es que José Losada tuviera competencia para informar sobre hechos que no constan en el padrón municipal; sin embargo tampoco es asunto penalmente relevante, pudiendo ser constitutivo de una infracción. en el ámbito administrativo", señala el fiscal.


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