La empresa Acciona Agua-Pridesa, que gestiona la estación depuradora de Cangas (EDAR) volvió a acudir al Juzgado contra el Concello de Cangas para exigir que se le pague la deuda que la administración local tiene contraída con ella. Pero lo hizo tras acogerse al segundo plan estatal de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno central, y, por lo tanto, después de renunciar al cobro de los intereses y de las costas judiciales de dicha deuda.

La intención de los servicios jurídicos de la compañía pasaban por conseguir que la ejecución de la sentencia que le daba la razón se mantenga abierta para hacerla efectiva en el caso de que finalmente el Estado no asuma el principal de la deuda. "A la presente fecha la cantidad principal no ha sido pagada y este pago pudiera no producirse a pesar de la voluntad de incluirlo en el plan", alega. Sin embargo, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra da la razón a las explicaciones presentadas por el abogado municipal y dictó el archivo provisional de la ejecutoria presentada por Acciona Agua al indicar que "no ha lugar a la continuación del trámite de ejecución".

Acciona tomó esta vía el 9 de mayo y la decisión judicial se conoció el pasado día 20. Desde el Concello el edil de Medio Ambiente, Jesús Graña, asegura no entender esta postura una vez que los responsables de la empresa dieron su visto bueno a integrar el segundo plan de pagos.

La deuda que la concesionaria de la EDAR cobrará del Estado asciende a 569.000 euros. Con los intereses y las costas, a los que ha renunciado con la intención de garantizarse el cobro lo antes posible, superaba los 800.000 euros.

Precisamente la semana pasada el Ministerio de Hacienda aceptó los nuevos ajustes propuestos por Cangas permitiéndole acogerse a un crédito que supera los 857.000 euros y debe volver en el plazo de diez años para hacer frente a las facturas que debe a Acciona y a la deuda que Cangas mantiene con Aqualia, la empresa que se encarga del abastecimiento de agua a los domicilios.

Este plan fue tratado en la junta de portavoces celebrada en el día de ayer.

La ruptura del contrato que vincula la gestión de la depuradora con Acciona es cuestión de tiempo, toda vez que ambas partes están de acuerdo en desvincularse.