El proceso para adjudicar el acondicionamiento y gestión de la zona de acampada de la isla de Ons ha sido objeto de un recurso. Las componentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que fue excluida del concurso público confirman que acaban de presentar una reclamación en vía administrativa, una reclamación doble: contra el acto de su exclusión y contra la redacción de los propios pliegos que rigen la convocatoria. Ese recurso ya está siendo estudiado por los servicios jurídicos de la Consellería de Medio Ambiente y las fuentes consultadas aseguran que pese a todo el proceso sigue adelante. "Esto no implica una paralización", aseguran de manera tajante.
La reclamación fue formulada por la UTE que integran las navieras Mar de Ons y Rías Baixas, el restaurante Casa Checho y el Camping Moreiras, en Sanxenxo. La exclusión del concurso se debió a que la forma jurídica de esta última empresa era una comunidad de bienes, algo que según los servicios técnicos de la Xunta no está permitido y era causa de nulidad. Los afectados discrepan y alegan dos argumentos. En primer lugar que esa limitación no estaba reflejada de manera taxativa en las bases. Y, en segundo lugar, subrayan que en todo caso ese requerimiento carece de sentido. "Los pliegos establecen (en la cláusula 19) que los responsables de la oferta que resulte ganadora están obligados a constituirse en una sociedad anónima, que será la titular de la concesión", explican fuentes consultadas de la UTE recurrente.
El recurso también incide en que en que en este caso tampoco se le concedió a la aspirante el habitual plazo de tres días para subsanar ese defecto en la oferta. "Sería lo normal, sobre todo si se tiene en cuenta la complejidad del proyecto y que se tramitó por vía de urgencia", alegan. Esto implica que las empresas participantes solo dispusieron de trece días naturales para presentar sus propuestas, un periodo que empezó a computar desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG). "Corregir ese aspecto no hubiese significado alterar la oferta económica ni la técnica", subrayan las fuentes consultadas.
Alternativas
Los servicios jurídicos de la Consellería de Medio Ambiente deben estudiar ahora el recurso y decidir si se estima o no. En caso de que la resolución fuese ratificar la decisión adoptada por la mesa de contratación a la UTE le queda todavía la posibilidad de acudir a la vía judicial, con un recurso en vía contencioso administrativa. Esta es una alternativa que las afectadas están dispuestas a valorar y a adoptar si no se tienen en cuenta sus argumentos.
