El gobierno local cangués determinará a comienzos de la próxima semana la legalidad o no de las cámaras de vídeo que instaló la concesionaria de la estación de autobuses de Cangas. Tanto los asesores jurídicos como la secretaria municipal explicarán si la acción de la empresa, en una infraestructura pública, se realizó acorde a la Ley o no. El edil de Urbanismo, Rafael Soliño, defiende esta actuación del Concello al sospechar que una instalación de cámaras de vigilancia debe contar con informes de la Guardia Civil o de la Policía que aconsejen esta actuación. Además, la zona debe estar debidamente señalizada para que los vecinos sepan que están siendo grabados.
Una vez que el Concello cuente con este informe podrá exigir a la empresa, o bien que retire las cámaras, o bien que inicie un proceso para legalizarlas.
La empresa concesionaria La Unión, que pertenece al grupo Monbus, instaló el pasado 17 de abril dos cámaras en los techos de la estación, de forma que pudiesen grabar los vehículos que entran y salen de la terminal. Se trata de una respuesta a la prohibición del gobierno de Cangas de cerrar con barreras los accesos a la estación para evitar la entrada de turismos particulares que entorpezcan la prestación normal del servicio de transporte público.
La administración local rechazó el cierre alegando que la normativa municipal califica los terrenos de la terminal como zona de jardines, por lo que no se pueden cerrar a los vecinos.
