El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Tribunal Supremo (TS) han admitido a trámite los recursos presentados por la empresa Promociones y Maderas Lago Rey (Promalar) contra la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que declaraba comunales 60 hectáreas de monte. Los comuneros tenían constancia de que se habían presentado esos recursos, pero ha sido esta misma semana cuando sus abogados les han comunicado que finalmente han sido admitidos a trámite.

El escrito presentado ante la sala civil del TSXG en A Coruña es un recurso de casación. En este caso no contempla la posibilidad de aportar nuevas pruebas o documentación, sino que el objetivo es determinar si la sentencia de la Audiencia de Pontevedra interpretó y aplicó correctamente la legislación sobre la materia. Si no fuese así la sentencia quedaría anulada. Paralelamente, los representantes legales de Promalar promovieron otro recurso de nulidad, pero esta vez ante el Tribunal Supremo y que también resultó admitido a trámite. Esa admisión ha causado cierta sorpresa y perplejidad en la directiva de los comuneros.

Los vecinos recibirán en los próximos días comunicaciones de sendas sedes judiciales en las que se les concederá un plazo para personarse en el procedimiento y para exponer sus argumentos legales. La Comunidade de Montes de Beluso celebró este domingo una asamblea en la que se analizó la posibilidad de que los recursos fuesen admitidos a trámite y la estrategia a seguir. "Lo que quieren es aburrirnos y que desistamos, pero ahora que estamos en la recta final no vamos a hacerlo", expresan desde la junta rectora de los comuneros.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra aún ha motivado un tercer recurso, esta vez de una entidad financiera que forma parte de la administración concursal de la empresa. El banco, que es uno de los acreedores de Promalar, solicita también la nulidad del fallo judicial, pero de momento la Audiencia de Pontevedra no ha contestado. Esa sentencia en vía civil declaraba como vecinales en mano común cerca de 60 hectáreas de monte, incluyendo terrenos situados en el litoral de Beluso o la zona de Borrallido. Los comuneros estiman que el estudio y resolución de los recursos se prolongarán durante casi un año y hasta entonces no habrá una sentencia judicial firme.