Continúa la polémica en torno a la instalación de las cámaras de seguridad en la estación de autobuses de Cangas. Mientras el gobierno municipal, en esta ocasión, actúa de forma cautelosa, Raúl López, el propietario de Monbus, la empresa que tiene la concesión de la terminal, afirma que la instalación de cámaras responde a una orden de la Xunta de Galicia que le obliga a adoptar medidas de seguridad en todas la estaciones que tiene en régimen de concesión. El empresario sostiene que las medidas de seguridad se adoptan de distintas formas, bien con medios técnicos o humanos y que Monbús eligió la instalación de cámaras porque ya lo hizo en otras estaciones de autobuses, como Lugo o Pontevedra.

Raúl López señala que si se trata de un sitio público, como dice el gobierno municipal de Cangas, no tiene la obligación de cuidarlo, pero si es una concesión, sí que debe hacerlo. En este sentido, y respecto al mantenimiento y pintado de la estructura de la terminal, el empresario lucense manifiesta que él no tiene por qué pintar la vía pública, "sí como dice el alcalde se encuentra en una zona ajardinada, yo no tengo por qué pintarlo. No me compete a mí", aclara Raúl López que asegura que no empezará ninguna obra de mantenimiento de la marquesina mientras no tenga un control sobre la estación de autobuses. Insiste en que está cumpliendo con la ley, pero que si el Concello le manda quitar las cámaras instaladas esta semana las quitará, pero que entraría en contradicción con la orden que recibe de la Xunta de Galicia para que adopte medidas de seguridad, orden que, recalca, se le envía por escrito.

"Las cámaras lo delatan"

El empresario lucense no quiere demasiada polémica con el regidor local, José Enrique Sotelo (la mala relación entre ambos es de sobra conocida) pero manifiesta que la razón por la que el alcalde de Cangas no quiere las cámaras de seguridad en la estación de autobuses es porque lo delatan. "Dijo que iba a cuidar de que no aparcaran coches en el interior y no lo hace".

Hace unos meses se provocó un caos en la entrada de la terminal precisamente por que había dos turismo aparcados en la zona. Era un día de feria y los autobuses hacían cola para entrar y al no poder hacerlo colapsaron la PO-351. Pero también es cierto que el regidor local insistió siempre en que en lo único que tenía razón el empresario lucense era en este punto y que habia dado la orden a la Policía Local de Cangas para que se controlara de forma efectiva el aparcamiento de vehículos dentro de esta terminal que está abierta al tránsito de vehículos, porque según el Concello se acordó que este espacio sirviera para cambiar de sentido los vehículos, principalmente los taxistas.

Existen muchas posibilidades de que la polémica de las cámaras de seguridad termine también en los juzgados, como lo hizo la de las barreras para impedir el paso a los vehículos y cuya instalación fue precintada por el Concello de Cangas, identificando incluso a los trabajadores que llevaban a cabo esta obra. Monbus denunció la prohibición del Concello de Cangas.