Catorce expedientes en sólo dos fines de semana. Y el número promete aumentar porque el Concello de Cangas está dispuesto a poner freno a las infracciones en la costa, especialmente en la parroquia de O Hío. Hace justamente un año, en la Semana Santa de 2012, la Concellería de Urbanismo ponía en marcha un servicio especial de vigilancia urbanística para peinar las zonas calientes en los fines de semana y jornadas festivas, un dispositivo que durante estos doce meses ha permitido levantar hasta una veintena de actas de infracción. "Las últimas 14 fueron en los dos últimos fines de semana, unas cifras a las que aún hay que sumar las de estos días festivos", avanza el responsable de Urbanismo, Rafael Soliño.

El objetivo del consistorio es impedir la proliferación de construcciones ilegales y hasta la fecha la inmensa mayoría de las infracciones detectadas se tipifican dentro de la categoría de "graves". ¿Qué significa esto? Pues en primer lugar que los trabajos que se están realizando no son legalizables, por lo que los promotores deberán afrontar su posterior demolición. Y en segundo lugar se enfrentan a una multa económica que oscila entre los 6.001 euros y los 60.000 euros. "La mayoría de los infractores a los que estamos identificando son personas de fuera y las actuaciones que están realizando son ampliaciones de casetas y construcción de cierres", indica Rafael Soliño.

Esta es una de las razones por las que el Concello puso en marcha este servicio de inspección, operativo en festivos y los fines de semana, que son las fechas que aprovechan los propietarios de los terrenos para realizar este tipo de trabajos. "Tenemos que agradecer la colaboración y disposición de los dos inspectores municipales de obras y de la Policía Local", alaba Soliño, que recuerda que durante las inspecciones se han enfrentado a alguna situación cuanto menos curiosa. "Como la de un albañil que los vio venir y saltó el muro para esconderse en la finca contigua", ejemplifica. El rastreo de este dispositivo de vigilancia se centra sobre todo en cuatro puntos de la parroquia canguesa: Liméns, Pinténs, Vilanova y Nerga.

La tramitación de cada expediente depende en función de la zona en la que se registre. "Algunas las remitimos a la Axencia Galega de Protección Urbanística (APLU) y otras las tramitamos a través del Concello. Ello implica la apertura de un expediente para comprobar si es posible la legalización o no de los trabajos denunciados", apunta el edil de Urbanismo.

Precisamente la APLU tramita en estos momentos un expediente en el vecino Concello de Bueu, donde acaba de abrir un expediente por la construcción de dos edificaciones en el lugar de Area de Bon, en la parroquia de Beluso. La agencia concede un plazo de diez días a los interesados para presentar alegaciones antes de continuar adelante con el expediente de reposición de la legalidad urbanística.